No es lo mismo ser borracho que cantinero. Concluido el bacanal del reciente sexenio en que se cometieron mil errores, ahora toca al actual gobierno encontrar el rumbo de posible salida del caos en que se encuentra el país. La gran diferencia de hace seis años es que cuando hubo la transición del poder a finales de 2018 las finanzas públicas del país mostraban importantes fortalezas con fondos robustos en diversos depósitos, fideicomisos y demás reservas para hacer frente a contingencias. Todos esos fondos han desaparecido puesto que el anterior presidente socavó el erario público dejando las finanzas en condiciones famélicas.
#ColumnaInvitada | Es hora de gobernar
Estamos en la antesala de un enorme riesgo por la crisis ya determinada del pago de pensiones que no alcanzará con los fondos públicos disponibles en tan solo un par de años.
@JuanFTorresLand
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Y es que las facturas se tienen que pagar. El escenario no es sencillo. No es solamente el hecho de que se hayan dedicado a destruir instituciones, a desperdiciar recursos, y a asignar contratos a contentillo. Adicionalmente hicieron algo más dañino, como es el que se incrementó el endeudamiento del país de 10 billones a casi 17 billones de pesos. Es decir, un incremento de casi el 70% de la deuda pública interna en que impactan a toda la población, pues al final del día esa carga es para todos los habitantes.
Seamos serios. El indiscutible triunfo electoral del 2 de junio pasado tuvo varios ingredientes a destacar. Un enorme dispendio y entrega de recursos públicos a cambio de comprar la voluntad de muchísimos votos de personas que fueron convencidos de que perderían sus programas sociales si no votaban por el oficialismo. La enorme inequidad de la contienda hizo que el resultado fuera en gran medida predeterminado por todo lo que se hizo desde antes y que simplemente encontró acomodo en las urnas.
Pero el dispendio y abuso presupuestal se hizo con recursos públicos. Y como el gobierno no puede imprimir dinero, esas erogaciones resultaron en el debilitamiento de las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento creció como se estableció líneas arriba. Esto provoca que el actual gobierno tenga un margen de maniobra muy estrecho. Por un lado, ya no hay recursos ni reservas porque se las acabaron. Y por otro lado han generado compromisos extraordinarios en los niveles actuales y los incrementos ofrecidos en programas sociales. Están literalmente entre la espada y la pared.
Hay que agregar a dicha fórmula cuestiones como una deuda galopante en Pemex y CFE, obras faraónicas que demandan recursos cuantiosos porque operan con déficits monumentales, el compromiso de presupuesto por la militarización galopante, y el anuncio de nuevos proyectos de dudosa rentabilidad. Por si fuera poco, estamos en la antesala de un enorme riesgo por la crisis ya determinada del pago de pensiones que no alcanzará con los fondos públicos disponibles en tan solo un par de años.
En estas condiciones lo que entonces tendría que ser una natural decisión sería fortalecer las finanzas públicas y tomar decisiones racionales. Para ello habría que dar el mayor nivel de certeza jurídica que a su vez permita que las inversiones en el país crezcan y así suban los niveles de recaudación. Los esfuerzos en cambios legislativos tendrían que ser en el sentido de una reforma fiscal progresiva que haga que México deje de estar al final de la lista de recaudación en las listas de la OCDE. Pero no es así.
En una forma absurda el gobierno actual ha decidido no utilizar su capacidad amplia de maniobra en el poder legislativo para incorporar un sistema recaudatorio más amplio (que haga posible incluir al casi 60% de la población que está en la economía informal), adicionar al IVA, facilitar y determinar un mejor funcionamiento del ISR, habilitar el impuesto predial real a nivel nacional, y en general tener más recursos para hacer frente a los compromisos presupuestales. Pues ahora lo que en su lugar están haciendo es implementar una demencial reforma judicial que solamente generará una enorme concentración de poder, el debilitamiento de la autonomía e independencia judicial, y la eliminación de cualquier mejora en el sistema de justicia. Todo al revés. Nada mejorará. Demagogia pura.
Entonces ante la coyuntura que podría provocar finalmente el que en el país se llegare a dar un efecto real del nearshoring por una inversión masiva de reubicación de cadenas productivas, el gobierno ha optado absurdamente por alejarlos con la destrucción del poder judicial y la visible incorporación de políticas autoritarias. Parece que no hay deseo de resolver los problemas sino de acrecentarlos para continuar con la pauperización de la nación y la mayor dependencia de enormes sectores de la población de programas sociales. No hay final feliz de esta ruta de erosión democrática.
Pero en el pecado llevarán la penitencia. Los programas sociales son demandantes de enormes cantidades de dinero, y sin diligencia las finanzas públicas van a tronar. No hay a quien echarle la culpa de las cosas pues ahora tienen toda la responsabilidad y poder. La sobre representación, las trampas, las traiciones y los abusos incluso les dieron la capacidad de hacer reformas constitucionales. Entonces hay que hacerlos entrar en razón por su propio bien. Tienen un corto espacio para tomar decisiones y al final del día es tan sencillo como reconocer que llegó la hora de gobernar. La pregunta es si lo harán antes de que el país entre en una seria crisis económica. El único obstáculo es su propia cerrazón. No hay mucho tiempo para saber finalmente a donde se dirigirán. Gobernar o no gobernar es la pregunta a resolver.
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P.D.1. No es normal ni aceptable la evidente y rapaz campaña oficial para cerrar espacios de opinión. La censura desde el gobierno para voces disidentes ya cuenta decenas de personas que han sido bajadas de medios electrónicos e impresos por el simple hecho de sostener puntos de vista distintos al oficialismo. Esto es una forma de asfixia a la libertad de expresión y una pésima señal en cuanto a lesión de derechos humanos fundamentales. Así no.
P.D.2. Estamos ya en una crisis constitucional ante el desacato a suspensiones judiciales, pero estamos en la antesala de una de dimensiones desconocidas si se llega a dar la situación de que desde los otros dos poderes se llega a desconocer y no acatar resoluciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la reforma al poder judicial. Cuidado con que se llegue a dichos extremos en que se rompería el orden en el país con consecuencias impensables. Peligrosísimo.
P.D.3. Los niveles de violencia en el país siguen fuera de control. El homicidio de Alejandro Arcos y colaboradores en Chilpancingo es de terror absoluto, pero no lejos están las situaciones en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, etc. Más vale que el nuevo plan de seguridad inicie a dar resultados pues no podemos seguir perdiendo condiciones esenciales de vida y ser testigos del incremental poder de la delincuencia organizada. No se puede ignorar la dimensión del problema. Gravísimo.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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