¿Cómo llegamos aquí, a este momento en que nos encontramos discutiendo, hasta de madrugada, la reforma al Poder Judicial? Hace dos años, un 2 de septiembre de 2022, en una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sinceró y aceptó un error: que se había equivocado con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había propuesto.
#Oteador | Reforma judicial: ¿por una Corte que favorezca a la 4T?
Parece que el sufragio no garantizará ni una mayor calidad en las resoluciones ni que se le dé mayor celeridad a los asuntos, cuando el número de manos seguirá siendo el mismo.
@Javier_Rosiles
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“Ya no están pensando en el proyecto de la transformación”, aseveró el mandatario, refiriéndose a Juan Luis González Alcántara (a quien apoyó en 2018), a Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel (a quienes respaldó en 2019) y a Loretta Ortiz Ahlf (a quien propuso en 2021). El aval de Lenia Batres y, destacadamente, de Arturo Zaldívar, expresidente del pleno y actual defensor y asesor jurídico de la 4T, no fueron suficientes para una Corte a modo.
“Dije: voy a tener oportunidad de proponer a ministros. Hice mi cuenta; más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría. No para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. Y ¿qué creen?, me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, sentenció el presidente.
López Obrador pudo haber propuesto una reforma judicial apenas entrado su gobierno, pero calculó que con las cuatro inclusiones “a modo” era suficiente para poder contar con una Corte que apoyara su proyecto político o que, por lo menos, no lo obstaculizara. Pensó que podía cambiar la configuración del órgano más importante del Poder Judicial para que jugara en su favor, evitándose así una reforma de instrumentación muy compleja.
Pero, como él admite, fracasó en el intento. Lo que vino después fue la orden de reformar al poder que sirve como contrapeso, como medio de control de los otros dos poderes. El saneamiento de la Suprema Corte como una consigna impartida desde el Poder Ejecutivo federal.
No existe duda de que el Poder Judicial requiere de una reforma y que debe ser profunda. No es, ni de cerca, el poder más transparente ni del que se conozca mejor sobre su desempeño y funcionamiento. Pese a que, sobra decirlo, se trata de una amplia y relevante estructura institucional: 932 órganos jurisdiccionales, sin contar a la Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, distribuidos en 77 zonas del país. En total, laboran más de 54,000 personas, entre órganos jurisdiccionales y administrativos.
Han pasado 30 años desde la gran reforma a la Suprema Corte, en 1994, que redujo drásticamente el número de sus ministros. La pregunta ahora es si, siendo necesaria, es ésta la reforma que se requiere y es ahí en donde surgen las dudas y controversias.
Hay por lo menos tres aspectos que demuestran que hay una falta de articulación entre el diagnóstico que se tiene, y que es compartido hasta por la oposición, y lo que se ofrece como solución:
1. Como se puede leer en la exposición de motivos de la propuesta, “desde los años noventa, la población mexicana ha señalado que no confía en los tribunales, jueces y magistrados”. Es verdad, la pregunta es de qué manera la elección popular de las personas juzgadoras puede garantizar que esa imagen mejore, cuando incluso podría producir lo contrario. No hay una relación directa entre confianza y el método de designación.
2. Una de las críticas más severas al Poder Judicial tiene que ver con la calidad de sus decisiones. Una posible explicación se encuentra en la sobrecarga de trabajo que enfrentan las 1,580 personas juzgadoras. Según la Corte, el año pasado cada juez o jueza, magistrado o magistrada resolvió 895 asuntos durante el año, debido a que ingresaron un millón 473,133 asuntos, de los que fueron resueltos un millón 413,724, es decir, un 95.97%.
Ante esta pesadez de trabajo, ¿la elección de personas juzgadoras es una solución efectiva? Parece que el sufragio no garantizará ni una mayor calidad en las resoluciones ni que se le dé mayor celeridad a los asuntos, cuando el número de manos seguirá siendo el mismo.
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3. El Poder Judicial tiene una naturaleza distinta al Ejecutivo y al Legislativo; se trata de un ente de carácter contramayoritario que debería concebirse como contrapeso, árbitro y medio para el control de las pulsiones que se ejercen desde el poder con el ánimo, regularmente, de ganar popularidad. Esto explica en buena medida el hecho de que a nivel mundial no haya referentes para equiparar lo que se quiere implementar en México: el caso de Estados Unidos es incomparable y el de Bolivia difícilmente puede calificarse como exitoso.
Escribía hace poco el politólogo boliviano Franz Flores: “las elecciones judiciales no despiertan expectativa porque la gente está persuadida de que, gane quien gane, la justicia no se hará más competente, más rápida y más honesta, sino todo lo contrario”. ¿Podríamos escribir lo mismo en este espacio en un par de años refiriéndonos al caso mexicano? Ojalá que no.
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Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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