De aprobarse el Plan C, probablemente voy a perder mi trabajo, el cual me apasiona. Sin embargo, entiendo que el servicio público no me pertenece ni a mí ni a nadie, por lo que puedo asimilar sin problema la idea de trabajar en otro lado. ¿Me gustaría que se respeten nuestros derechos laborales? Obviamente. Pero ello no se compara con mi principal preocupación por la reforma constitucional que se propone: más personas sin recursos en las cárceles. No más personas culpables, solamente desprotegidas.
Llevo más de ocho años trabajando en el Poder Judicial Federal; seis de ellos en juzgados federales de primera instancia. He trabajado en Cancún, en Almoloya de Juárez, en Nezahualcóyotl y recientemente en la Ciudad de México. En estos juzgados, llamados Centros de Justicia Penal Federal, usualmente se da el primer contacto entre las personas acusadas de un delito y el Poder Judicial Federal.
Ahí decidimos si estuvo bien que la policía haya detenido a una persona o si abusó de su autoridad, si una persona debe ser encarcelada en lo que se investiga si es culpable o inocente o si puede permanecer en libertad. Si la fiscalía puede ingresar a sus casas, escuchar sus conversaciones privadas, asegurar sus comercios, entre muchas otras cuestiones. En la mayoría de los casos (federales), es donde se decide si una persona debe ir a la cárcel o no.
Decidí trabajar ahí porque hay pocas cosas más dolorosas para mí que una persona inocente en la cárcel. Me es muy difícil conciliar la idea de una madre, padre, esposa, abuelo, hermana, hijo, encerrados en uno de los lugares más horribles del planeta –que con descaro llamamos “CERESOS”– sin merecerlo. Pienso en ello constantemente y siempre me rompe el corazón.
Trabajando en el Poder Judicial he advertido dos circunstancias que me quitan la tranquilidad. Primero, que las acusaciones falsas son muy comunes. A veces ello se debe a un error de la policía o de la fiscalía, a veces se debe a deficiencias institucionales (que tienen recursos limitados y favorecen las condenas sobre las absoluciones) o porque el sistema penal se utiliza con saña, como herramienta de presión, censura y venganza.
Segundo, que existe un claro sesgo hacia las personas con menos recursos. La mayoría de los asuntos que vemos en los Centros de Justicia Penal Federal tienen que ver con taxistas a quienes se acusa de portar una pistola, con agricultores que no pueden acreditar la compra de gasolina, con personas indígenas a quienes se les acusa de talar árboles sin permiso, con vendedores ambulantes a quienes se les busca castigar por comerciar productos “pirata”. Este es nuestro pan de cada día.
A veces nos llegan casos de secuestro, homicidios, extorsión, narcotráfico, delincuencia organizada. Rara vez fraudes, evasión de impuestos y delitos electorales. Estos son, por mucho, los casos menos frecuentes y cuando contamos con pruebas que demuestran su culpabilidad no lidiamos para condenar. No necesitamos premios ni taparnos la cara.
Mi principal preocupación respecto de la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial deriva de la modificación que se propone en el método para elegir a las personas juzgadoras.
