En tercer lugar, el combate al fentanilo sería una prioridad para el gobierno de Trump y para el vicepresidente J. D. Vance, quien tiene un trauma personal con este tema debido a los problemas de adicción de su madre. Esto puede producir tensiones, primero, por la posibilidad de que Estados Unidos ejecute acciones militares unilaterales para combatir al crimen organizado y, segundo, porque las prioridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad son casi incompatibles: mientras que a Washington le interesa golpear a las grandes organizaciones criminales que producen fentanilo, a México le interesa contener a los grupos que se centran en la extracción de economías locales.
La posible victoria de Trump también tendría graves implicaciones para México en términos económicos. El candidato republicano defiende una agenda económica proteccionista y de promoción de la industria, la manufactura y el consumo nacionales. Además, ha anunciado que utilizará los aranceles como herramienta de presión política para “balancear el comercio injusto” con otros países.
Por supuesto, esto es una mala noticia para la promesa de Claudia Sheinbaum de utilizar el nearshoring como palanca de desarrollo compartido y bienestar social. Es cierto: Trump ha dicho que el T-MEC es un gran tratado comercial e incluso lo ha puesto como ejemplo de un acuerdo que fomenta el “comercio justo”. Sin embargo, es claro que a Trump le interesa la industria estadounidense, no la norteamericana.
Yo no veo en el horizonte la posibilidad de que Trump intente salir del T-MEC, pues la integración económica de ambos países es un proceso histórico irreversible en el corto plazo. Sin embargo, creo que Trump podría romper el acuerdo cuando le convenga y utilizar los aranceles para presionar a México en distintos sectores. Como quedó demostrado en este gobierno, con la política energética de López Obrador que viola diversas disposiciones del T-MEC, un país puede encontrar huecos o romper las reglas del acuerdo sin enfrentar demasiadas consecuencias en el corto plazo debido a que la resolución de controversias internacionales es un proceso largo y tedioso.
Esto sería una pesadilla para la Secretaría de Economía dirigida por Ebrard, pues habría que dedicar grandes esfuerzos a aplacar los ánimos proteccionistas de Trump. Además, como ocurrió en el sexenio de López Obrador, la política comercial y la política migratoria quedarían entremezcladas, por lo que es probable que el gobierno mexicano vuelva a hacer el trabajo sucio en materia migratoria a cambio de que Trump sea “suave” con México en materia arancelaria.
Todos estos retos se acentuarían en la revisión del tratado en 2026, en la que Trump podría introducir nuevas cláusulas que favorezcan a Estados Unidos y perjudiquen a nuestro país. Además, para la Secretaría de Economía, sería mucho más difícil lidiar con un equipo negociador trumpista que tratar con equipo más profesional y predecible (en caso de que triunfen los demócratas).
Sheinbaum podría ayudar a Washington a lograr uno de sus objetivos estratégicos —contener el ascenso de China— para que Estados Unidos deje a México fuera de su política arancelaria y para potenciar el nearshoring. No obstante, esto sería muy complicado para Sheinbaum: por una parte, como presidenta proveniente de un partido de izquierda, ¿cómo justificar una alianza con Washington en contra de Beijing?; por otra parte, varias empresas chinas han manifestado su interés en invertir en México (especialmente en los sectores de autos eléctricos y semiconductores), ¿cómo decir que no a esas jugosas inversiones?
