Los jueces bolivianos se han elegido en dos ocasiones, en 2011 y 2017, con resultados poco esperanzadores. El resultado en las urnas para la elección de autoridades judiciales fue de un 60% de votos nulos y en blanco para la elección de 2011, y para la elección de 2017 los votos blancos y nulos sumaron el 62%. Un aspecto importante a destacar es que el Tribunal Supremo Electoral emitió un reglamento para la elección en la que quedaba prohibido todo acto de campaña.
Como es de esperarse, en diversos espacios se ha retomado el caso boliviano como si se tratara de una suerte de espejo que nos permite prever el futuro inmediato de México. La elección de jueces ciertamente ha traído como consecuencia para el caso boliviano un realineamiento político con el gobernante en turno, prueba de ello fue cómo la Corte Suprema Constitucional emitió un veredicto que determinó que el primer periodo presidencial de Evo Morales (2006-2009) no contaría como periodo previo, ya que la nueva Constitución política había entrado en vigor en 2009 y, en consecuencia, se habilitó la posibilidad de que el presidente pudiera contender en 2014 para un segundo periodo presidencial.
De igual forma, fue el Tribunal Constitucional Plurinacional el que falló a favor de la reelección indefinida, lo que le permitió a Morales postularse a las elecciones de 2019, las cuales fueron señaladas por múltiples irregularidades y, ante la pérdida de apoyo político, obligaron al entonces presidente electo a dirimir en noviembre de 2019.
Ciertamente el caso boliviano da muestras de una amplia concentración de un partido político dominante y la pérdida de contrapesos a través de los procesos de selección de jueces desde el Poder Legislativo y ratificados mediante un proceso de una elección popular que más bien avala lo acordado desde las cúpulas partidarias en el Congreso boliviano.
A pesar de ello, es pertinente considerar que México no es una réplica del caso boliviano. En todo caso, es probable que se trate de un modelo inspirador, pero el caso mexicano ha sido más audaz, pues a diferencia del presidente andino, quien impulsó la creación de una nueva Constitución Política en donde se tuvo que someter a negociar con la oposición la estructura constitucional, el presidente López Obrador sólo optó por nominar a su régimen como una “Cuarta Transformación”, sin una refundación constitucional, como si lo hicieran en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
En ese mismo sentido, es importante considerar que Morales fue ampliamente criticado por buscar a través de la vía plebiscitaria una ratificación de su mandato y su popularidad. Durante su gobierno se efectuaron tres referendos más, los cuales se llevaron a cabo siguiendo la vía legal de la Ley de Referéndum y Revocación de Mandato. Al someterse a las reglas del juego, Morales no siempre tuvo la suerte de contar con el apoyo popular, prueba de ello es que el referendo constitucional 2016, que le permitiría la ratificación para ser reelecto en 2019, lo perdió con tan sólo dos puntos porcentuales de diferencia.
