El pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum ganó los comicios presidenciales con un margen de 31.4 puntos porcentuales. A lo largo de su campaña, la candidata propuso una agenda basada en la continuidad del gobierno de López Obrador, aunque con énfasis en la ampliación de los programas sociales, la consolidación del programa de gratuidad de salud pública, la digitalización en los servicios públicos, así como un robusto plan en materia de infraestructura, el cual incluye la ampliación y modernización de puertos, carreteras, hospitales y aeropuertos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿el gobierno tiene recursos suficientes para financiar estas propuestas?
#ColumnaInvitada | Los retos fiscales de Claudia Sheinbaum
La próxima presidenta y varios de sus colaboradores han sido firmes en que, a pesar de las presiones de gasto público, en los primeros años de gobierno no habrá una reforma fiscal.
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De acuerdo con el más reciente informe de la OCDE, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en México se situó en un 16.9% en 2022, una de las tasas más bajas de América Latina y el Caribe, superada sólo por Argentina, Chile, Colombia y Perú. Además, en comparación con 2018, esta cifra sólo ha aumentado en 0.8 puntos porcentuales.
La próxima presidenta y varios de sus colaboradores han sido firmes en que, a pesar de las presiones de gasto público, en los primeros años de gobierno no habrá una reforma fiscal. En su lugar, Sheinbaum ha afirmado que “habrá responsabilidad fiscal y no se incrementará la deuda”, situación que ha reiterado Rogelio Ramírez de la O, quien permanecerá en su cargo el próximo gobierno. Asimismo, ha declarado que hay otras áreas en donde se puede seguir recaudando, por ejemplo, en el sector de las aduanas a través de la digitalización, así como continuar con la estrategia de fiscalización de grandes contribuyentes por parte del SAT.
Sin embargo, al evaluar detenidamente el estado de las finanzas públicas, se observa que si bien el presidente López Obrador logró sacar a flote sus proyectos pese al modesto crecimiento económico acumulado, el gobierno ha agotado las herramientas heredadas de la pasada administración —tales como los fondos de estabilización y fideicomisos— que le permitieron hacer frente a las necesidades de gasto sin tener que emprender una reforma fiscal.
Por el lado de la deuda pública, el gobierno ha previsto que el costo financiero seguirá aumentando como resultado de las altas tasas de interés; del mismo modo, el déficit fiscal —es decir, la diferencia entre el gasto público y los ingresos— ya alcanza 4.9% del PIB debido a los recursos que se están destinando a las obras insignia del gobierno, a los programas sociales y al pago de las pensiones. En este sentido, será un gran desafío que la administración entrante logre un ajuste significativo en el primer año de gobierno.
En todo caso, es claro que la próxima administración enfrentará mayores retos por el lado de las finanzas públicas. Estos desafíos son resultado, en parte, de factores estructurales como las obligaciones relacionadas con las pensiones y el servicio de la deuda. Sin embargo, hay otros elementos que añaden presión a esta ecuación.
En primer lugar, Pemex sigue siendo uno de los grandes retos por resolver. Adicionalmente, la nueva administración tiene en marcha un ambicioso plan de infraestructura. Además, la expansión de ciertos programas sociales representaría una carga fiscal adicional significativa.
Ante estas vulnerabilidades, resultaría lógico considerar la necesidad de impulsar una reforma fiscal, particularmente a la luz del abrumador resultado electoral en favor de Morena y sus aliados. No obstante, la futura presidenta parece reticente a asumir el costo político de una reforma y parece decidida a posponer esta decisión.
Por consiguiente, aunque el gobierno tiene la oportunidad de impulsar una reforma fiscal de gran envergadura, se ha especulado sobre la posibilidad de que surjan ideas alternativas que podrían ser políticamente menos costosas y fácilmente aprobadas.
Durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum promovió algunos cambios en materia fiscal. Éstos incluyeron el aumento de impuestos para plataformas tecnológicas que prestan servicios de hospedaje, así como servicios de entrega y reparto a domicilio. También se incrementaron los gravámenes especiales a las bebidas alcohólicas, se actualizaron las tarifas del impuesto predial y se elevaron las contribuciones de las personas físicas que participan en actividades de juego con apuestas.
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La futura presidenta ha adelantado que aún hay margen para aumentar la recaudación a través de la digitalización y simplificación del pago de impuestos para personas morales, así como de otros trámites en la Secretaría de Economía. Del mismo modo, contempla la tecnificación de aduanas y la lucha contra la evasión y elusión fiscal mediante la inteligencia, además de una profundización del Régimen Simplificado de Confianza. Por tanto, no se deben descartar otras sorpresas fiscales en relación con cualquier sector económico.
En resumen, el escenario económico y fiscal que se avecina bajo la nueva administración plantea diversos desafíos y oportunidades. Aunque se espera continuidad en el manejo macroeconómico, existen márgenes de maniobra fiscal mucho más estrechos que en 2018. Queda claro que el camino hacia una gestión fiscal efectiva y sostenible requerirá un equilibrio cuidadoso entre la generación de ingresos, la contención del gasto y la promoción del desarrollo económico, algo que hoy no parece garantizado.
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Nota del editor: Daniel García (@Dl_Garcia_) es consultor especializado en finanzas públicas y economía en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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