El arranque de las campañas electorales es momento para reflexionar y considerar cómo los partidos políticos y candidatos plantean abordar los problemas de desarrollo urbano y, de forma específica, de la vivienda.
La dinámica de las campañas, la lógica de la declaración rápida o la nota no suelen ser el mejor mecanismo para conocer posiciones sobre estos temas, pero paradójicamente tampoco suelen serlo las plataformas políticas publicadas y documentos de los candidatos.
En términos generales, tanto en la revisión de plataformas electorales por partido como en los documentos de campaña accesibles, se percibe un déficit de información vinculada a los problemas urbanos y en particular a los de la vivienda. Lo que existe suele ser un catálogo de buenas intenciones y terrenos comunes donde se enuncia vagamente el ‘qué’ sin explicar el ‘como’. Es responsabilidad de ciudadanos, académicos y profesionales ‘conectar los puntos’ y pensar cómo estas declaraciones se pueden configurar en una política pública coherente y ejecutable.
El otro problema que adolecen las campañas es que las posiciones suelen darse como si no hubiera contextos, precedentes, historias de éxito y fracaso adicionalmente a las experiencias y acciones de los mismos autores políticos en sus cargos anteriores. Esta técnica de pensar el país sexenalmente suele tener efectos negativos para un problema complejo como es el desarrollo urbano. Parafraseando a Mies van der Rohe, “no se puede reinventar la vivienda cada lunes”.
Es positivo encontrar dentro de algunas de las plataformas políticas ideas como entender la importancia del suelo urbano, incentivar la vivienda en renta, hablar de densidad y verticalidad, del vínculo vivienda-infraestructura, de fortalecer la agenda de resiliencia urbana, de la accesibilidad de vivienda a grupos marginados y de un enfoque de planeación urbana y territorial participativa, por mencionar algunos temas. No deja de sorprender que muchos de estos temas ya llevan varios años en la agenda urbana y, sin embargo, no hemos sido capaces de profundizar en su implementación. Aprovecho para hacer tres sugerencias para enriquecer la discusión sobre vivienda y ciudades:
Se habla en algunos de los documentos de garantizar el derecho a la vivienda (tal y como lo plantea la Constitución), pero se explica poco cómo hacerlo efectivo y cómo financiarlo; no olvidemos que derechos sin presupuesto es propaganda. El derecho a la vivienda no puede ser solamente el acceso a una vivienda ‘digna y decorosa’, sino que debe permitir escoger formas de vida específicas, construir patrimonio o de servir como una herramienta vinculada a la propia actividad económica del habitante y de su familia. En ese sentido la producción de vivienda debe de ser entendida como una infraestructura básica de la ciudadanía con efectos sociales y económicos.
El enfoque de los últimos años ha modificado el lenguaje de la ‘producción’ de nueva vivienda a las ‘acciones’ de vivienda, entendiéndose un rango más amplio de financiamiento y apoyo a las mejoras de vivienda existente. La producción de vivienda social no puede ser solamente abordada desde la perspectiva de la autoconstrucción; ni por las necesidades mismas (no toda vivienda puede ser una ‘acción de mejora’) ni porque la evidencia ha mostrado que la autoproducción y mejora en ciertos contextos representan costos mayores y un uso de recursos poco eficiente. De la misma manera, no es fácil que las acciones de vivienda reflejen la necesaria implementación de tecnologías verdes, adaptación al cambio climático y menor consumo energético. Enfocarse en las acciones simplemente no permitirá al país cambiar de paradigma.
La producción de vivienda es un emprendimiento colectivo con una multiplicidad de actores en el sector público, privado y social; es importante fortalecer este esquema de coparticipación y corresponsabilidad. Llevamos años en los cuales el antagonismo entre actores y el slogan electoral han sido sustituto de la política pública y diálogo productivo. Seis años después de su 'incepción' seguimos escuchando el ‘cártel inmobiliario’ como mote fácil. Esta técnica, simbólicamente poderosa, lo que hizo fue disminuir a niveles históricos mínimos la producción de vivienda social y tampoco facilitó la implementación de una política urbana anti-corrupción que se refleje en la fiscalización de proyectos ilegales, ni de una mejor regulación, ni mucho menos de un mayor o mejor rol del Estado en la producción de vivienda. En un país en el cual la mayoría de la vivienda social se ha producido y financiado desde el sector privado, no puede uno sistemáticamente llamarle corrupto al que está resolviendo un problema social. Si el Estado desea volver a participar activamente, no solo regulando y facilitando el financiamiento a la vivienda sino también en la construcción de nueva vivienda deberá desarrollar las capacidades adecuadas para hacerlo y entender de experiencias previas.
Los retos urbanos de nuestro país requieren de un nuevo pacto entre todos los actores para construir consensos sobre las formas de producir vivienda y ciudad. Se habla mucho de financiamiento de vivienda, sobre modelos de tenencia, sobre ‘acciones’, pero se habla poco de uno de los ingredientes más importantes; la reconstrucción de la confianza entre los actores que participan, regulan, producen y se benefician de la vivienda. Sin entender que todos tenemos un rol, no podremos imaginar vivienda más equitativa, sostenible, justa, asequible y parte del desarrollo económico y social de México.
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Nota del editor: Jose Castillo Oléa es arquitecto, urbanista y socio fundador junto con Saidee Springall de a911, un despacho dedicado a proyectos de arquitectura, urbanismo, movilidad y paisaje. Castillo ha sido profesor en la Universidad de Pennsylvannia y en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Actualmente es miembro del consejo asesor de LSE Cities y del Consejo Asesor del Espacio Público de la CDMX. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
