Algo que hacíamos hasta hace poco con cierta tranquilidad ahora se ha convertido en una suerte de ejercicio de riesgo extremo. Una tarea que no estaba en nuestro rango de áreas de preocupación es ya una de las más delicadas. Me refiero a viajar en las carreteras en el país. Aún en vías de cuota ya no se está exento del riesgo no solamente de ser asaltados y perder pertenencias o el vehículo, sino ahora incluso la integridad física o la vida misma. Esta es la cruda realidad de lo que está pasando en el país, en todo el país, incluso en las vialidades más circuladas que llegan a la capital de la república. Esto ha provocado, entre otras cosas, que muchos choferes de transporte ya no quieran circular por la noche o en lo absoluto, y para las personas físicas en varios destinos ya se tiene que pensar incluso en mejor volar que ir por tierra para llegar de un lugar a otro sin temor de ser asaltado. Algo está muy mal en una nación en que uno no se puede mover libremente.
#ColumnaInvitada | Complicidad criminal
Esto que describimos es grave y, sin embargo, forma parte de una inercia muy preocupante que abarca otros serios problemas. Por ejemplo, vemos que ha proliferado a lo largo y ancho del país un cáncer directo a la vida diaria y la economía nacional. Me refiero a la extorsión por uso de instalaciones e inmuebles al que se le denomina derecho de piso. Es decir, es un gravamen impuesto por los criminales a cualquier persona que tenga un comercio, tienda, taller o negocio, por pequeño que sea, y que de no pagarse trae como consecuencia el que ese lugar será incinerado y/o destruido y sus dueños lesionados o matados. Es el proceso más claro del desvanecimiento, reemplazo y sustitución de las autoridades legales y tomadas en los hechos por los delincuentes. Es el abandono institucional y ver cómo se relega a la ciudadanía a su suerte. La ley de la selva y la impotencia de las personas que asumen que las autoridades en el mejor de los casos son ineficientes o incompetentes, pero que en realidad en muchos otros son más bien cómplices del desorden y de la nula protección al pueblo.
Estamos llegando a situaciones realmente extremas. Hay muchas zonas que otrora eran centros económicos de gran potencia y que hoy están totalmente desolados o sujetos a una serie de condiciones de intimidación y extracción de rentas por un quinto poder que lo configuran los delincuentes. Así tenemos a las zonas aguacateras y de cítricos en Michoacán en que nadie puede sacar producto sin una cuota de pago a las organizaciones delincuenciales. En Guerrero las bandas delincuenciales ya dominan todos los lugares de actividad económica y turística, al grado de que en Taxco y Acapulco ya no se puede hacer nada sin su venia o autorización (lo que en el caso del puerto se ha hecho incluso más visible después de Otis). En Guanajuato la violencia se ha exacerbado porque el robo de combustibles se hizo ya un proyecto donde el hurto es en la refinería de Salamanca con la complicidad de la paraestatal y el conflicto entre bandas rivales, convirtiendo al estado en el líder en homicidios dolosos (y no en desarrollo económico como hasta hace poco). Algo similar ocurre con bandas que se pelean la hegemonía del ataque a ductos y economía en las zonas limítrofes de Puebla y Veracruz. Casos de choques de fuerzas que detonan olas de violencia lacerante en zonas distintas en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Guerrero y Chiapas, entre otros. Tristemente hoy en el país solamente hay 3 estados no tomados por la delincuencia (Yucatán, Querétaro y Coahuila), pues en todos los demás el imperio del mal es palpable y absolutamente visible para todos los que vivimos o visitamos tales lugares. Una situación dolorosísima.
Mención especial merecen las Fuerzas Armadas. Este gobierno ha tomado las peores decisiones posibles. Por un lado les ha extendido participación en múltiples actividades que les son ajenas a su rol constitucional como guardianes de la seguridad nacional, y así es terrible verlos en actividades aduaneras, portuarias o de instalaciones administrativas, además de constructores de proyectos faraónicos, operando aerolíneas, o distribuyendo medicinas. Y por otro lado, bajo el pretexto de no caer en provocaciones, no les permiten poner orden y combatir a la delincuencia, dejándose vejar e intimidar a la vista de todos. En los hechos a las fuerzas armadas se les asignó la seguridad pública (incluyendo el control de la Guardia Nacional), pero con la limitación de solamente dar abrazos y no balazos. A los socios del mal no se les puede tocar porque es evidente que se les debe mucho y Morena les quiere pagar con rendimientos crecientes, aunque eso implique destruir comunidades enteras, minar la paz, e incluso erosionar en sus bases la posibilidad histórica misma de que en México venga una ola de crecimiento económico como lo que debería suceder con la relocalización de las cadenas de suministro desde China a Estados Unidos – el famoso nearshoring.
Pero la gravedad de todo lo anterior sí tiene una explicación que hay que destacar para no hacernos los tontos o fungir como meros espectadores. Lo que está sucediendo en nuestras comunidades y territorio nacional es reflejo de un problema profundo y preocupante. Hay que decirlo con todas sus letras, es la consecuencia directa del acuerdo claro y evidente que existe entre el gobierno de Morena y las bandas de delincuencia organizada (ahora llamada más bien delincuencia autorizada – Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza dixit). Es el reflejo de una estrategia fallida, cobarde y despreciable como la de abrazar a los delincuentes y dejar a la población expuesta a los balazos. Es el resultado de una complicidad que se sustenta en que mientras los delincuentes apoyen a Morena en temas electorales, el gobierno no les hará nada, literalmente nada, aunque de por medio se lleven al traste a la economía del lugar, y se destruya la paz y sana convivencia de la comunidad respectiva. Así de vil y de despreciable la asociación política-económica entre estos dos grupos de delincuentes, unos en el poder y otros beneficiándose del mismo.
Los saludos a la madre del líder de una banda criminal, las constantes visitas a Badiraguato, la permisibilidad para sus actividades de extorsión, la tolerancia para que dominen territorios, y en general el no tocar sus actividades de extracción de rentas de la población es la más fiel expresión del pacto entre las huestes del presidente y sus colegas en las bandas delincuenciales. Se ha configurado en los hechos el más perverso acuerdo que partió de que los malos financiaran en su origen la creación y crecimiento de Morena a cambio de cobrar ahora su dividendo operativo. Ese origen y acuerdo obsceno es el que tiene de rodillas al país. Se han convertido en la verdadera mafia en el poder, una que encabeza el propio presidente. Todos delincuentes sin respeto alguno por el país.
En 2006 se dijo que eran un peligro para México. Entonces pasó cerca la bala. En 2018, dados los excesos y corrupción extrema del sexenio previo, se permitió el arribo de este grupo que han hecho patente en efecto porqué la referencia de 2006 no era figurativa, sino un presagio de lo que iba a pasar en México. Y ahora sabemos con creces que son una calamidad y más. Por ello es importante destacar que el gobierno en turno es un socio activo y evidente de las bandas delincuenciales y grave saber que pretenden seguir poniéndonos de rodillas y devastar al país por más años. Ese es el sinónimo de la continuidad o segundo piso. Más complicidad y destrucción. Imaginemos el descaro de estos impresentables en querer perpetuar su ánimo de extender el dominio de su tsunami delincuencial.
Y lo que estamos diciendo tristemente no es mera teoría. En la parte de los acuerdos de impacto electoral es clarísimo lo que ha sucedido en los comicios de 2021, 2022 y 2023 en que la delincuencia ha venido actuando con creciente implicación y descaro para mover el resultado de las elecciones. Esto ha sido clarísimo en lugares como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y BCS, entre otros. Incluso se presentaron denuncias ante la OEA y autoridades como la Fiscalía General de la República y la casi inexistente Fepade (como otras instituciones cooptadas e inutilizadas). La participación ahora no es solamente mover los resultados, sino incluso proponer sus propios candidatos para hacerse del poder en puestos claves a nivel municipal y estatal, pues a nivel federal ya tienen sus propios socios. Hace unos días el Magistrado Mata del Tribunal Federal Electoral refirió abiertamente a los riesgos que implica la interferencia visible de la delincuencia organizada en los procesos comiciales. Esperamos sea presagio de una postura de no tolerancia a estos fenómenos ilegales en lo que va a pasar en las boletas el 2 de junio próximo. Requerimos un INE y un tribunal solventes e inmunes a la delincuencia. Nos va el país de por medio.
Otra evidencia clara del pacto con la delincuencia lo constituye el que en este gobierno de Morena no se haya hecho nada para hacer buena la promesa de acabar la política prohibicionista de drogas, la cual constituye en los hechos la columna vertebral de la fortaleza financiera de los cárteles que se empoderan y amplían sus tentáculos todos los días. A pesar de la oferta expresa que se hizo en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo de legislar en la materia y afectar el origen de sus recursos cuantiosos, no se ha hecho nada. Incluso en estos días el presidente ya anunció que junto con otras pésimas ideas con un único interés de generar más conflictos electorales, va a presentar una iniciativa constitucional para prohibir el uso del fentanilo. Otro paso más para ayudar a quienes dominan esos mercados y para evitar que el estado ejerza su capacidad regulatoria. Mejor socio no se pudieron haber conseguido los cárteles de la droga.
Pero la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad real de evitar seguir en esta ruta demencial. Pasa por demostrar el 18 de febrero en todas las plazas públicas del país que vamos a defender nuestra democracia contra lo que hoy es una nube de abusos y destrucción. Y luego prepararnos para en la jornada comicial del 2 de junio dejar claro que el país merece un destino diferente, uno en que haya un plan de protección de libertades e instituciones. Y es que todo se reduce a saber que dado lo que estamos viviendo y experimentando un voto por Morena es un voto por la delincuencia. Por ello no hay duda de que la ciudadanía sabrá liberarse de esta terrible secuela y abrir los espacios para que respiremos paz y orden. Ha llegado el momento de las definiciones y queremos democracia no desolación. Xóchitl es quien nos puede llevar en la ruta correcta, mientras que ofertas de continuidad resultan inadmisibles si de romper la complicidad criminal se trata. Ha llegado la hora de actuar y no dudar ante los grandes riesgos que hoy son evidentes y lacerantes. No fallemos en las citas por venir, concretamente las marchas del 18 de febrero en muchas ciudades en México y en el extranjero y en las urnas el día clave del 2 de junio. El país que tanto nos ha dado ahora nos requiere solidarios. La hora de la verdad está cerca.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
