El próximo 30 de enero se llevará a cabo la Tercera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (SNMySV), en la que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) cederá la estafeta de la Presidencia a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT). A propósito, cabe hacer una reflexión de qué significa esto y, en general, de los grandes avances en materia de movilidad que se han logrado durante este sexenio.
La transformación de la movilidad en México: hacia un futuro sostenible
Resulta fundamental entender que la movilidad y la seguridad vial son fenómenos multifactoriales e interdependientes, vinculados con varios temas, entre los que destaca la planeación del territorio.
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En diciembre de 2020, desde la Sedatu se logró incluir en la Constitución el derecho de todas las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esto significó que por primera vez en el país se construyera un marco legal sobre un tema que es de gran relevancia para todas las personas, pues casi cualquier actividad que desarrollamos como individuos para dar valor a nuestras vidas requiere desplazarnos de un lugar a otro y, además, mover bienes, servicios y mercancías.
A partir de esa reforma constitucional, en mayo de 2022 entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y ahí se estableció la creación del SNMySV, que entró en funciones cuatro meses después. Desde entonces la Sedatu ha encabezado este mecanismo de coordinación de autoridades y sectores sociales competentes en la materia, para llevar a cabo diferentes labores. Entre ellas, sobresale la elaboración de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) —aprobada en junio del año pasado— la cual, a su vez, contempla un proceso de armonización legislativa local con la nueva Ley, que ya lleva un avance considerable, el desarrollo de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo, la creación de Normas Oficiales Mexicanas y otras líneas de acción.
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Así, en el plano normativo se ha impulsado un andamiaje indispensable para idear y ejecutar políticas, planes, programas y acciones en favor de la movilidad sostenible, que se han discutido a lo largo de más de un año en el seno del SNMySV. Con base en ello, ahora es momento de que en todos los niveles de gobierno se pongan en práctica los conceptos discutidos y mejorar la vida de la gente: urge reconfigurar nuestras vialidades y espacios públicos para que dejen de privilegiar al transporte privado en automóvil y sean accesibles y seguros para todas las personas, pero empezando por las más vulnerables; debemos desarrollar sistemas de transporte público eficientes y no contaminantes; es necesario mejorar la señalización y alumbrado en nuestras calles y carreteras. El fin es que las personas puedan moverse más rápido y con menos costos de salud, económicos y sociales; que haya menos siniestros de tránsito y se salven vidas; que aumente el acceso a bienes y servicios y mejore la logística para los intercambios comerciales.
Ahora bien, en aras de lograr todos estos cambios, más allá de las leyes y la voluntad política, resulta fundamental entender que la movilidad y la seguridad vial son fenómenos multifactoriales e interdependientes, vinculados con varios temas, entre los que destaca la planeación del territorio. En ese sentido, vale mencionar que en esta administración se ha buscado vincular los dos ámbitos, tanto en la dimensión normativa como en la práctica.
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Por un lado, se han elaborado más de 230 Instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano alineados con la LGMySV y con el derecho a la movilidad en general. Ello, entendiendo que en esos documentos se regulan técnicamente aspectos de suma importancia, como los usos de suelo, que inciden directamente sobre los patrones de movimiento. Por otro lado, en el desarrollo de los dos proyectos de transporte masivo no-motorizados y ambientalmente sostenibles del sexenio —el Tren Maya y el Tren del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec— se han realizado acciones de mejoramiento urbano en los municipios aledaños, como la construcción de espacios públicos y la regularización y apoyo a la vivienda, para contribuir a que los beneficios económicos se distribuyan de manera equitativa y reduzcan las enormes desigualdades socioterritoriales en la región.
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En suma, en el país se han dado pasos muy importantes para avanzar hacia un modelo de movilidad y seguridad vial más justo, sostenible e incluyente. Estos esfuerzos representan no solo un cambio normativo, sino también un cambio en la mentalidad y en la forma en que entendemos y planificamos nuestras ciudades y regiones. Mirando hacia el futuro, y de cara a la nueva etapa en la transformación del país, debemos continuar trabajando en esta dirección, aprovechando la colaboración entre distintos niveles de gobierno y con el sector privado, la academia y la sociedad civil, para seguir atendiendo las necesidades de la población y redirigiendo el desarrollo nacional hacia el bienestar general.
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Nota del editor: Román Meyer Falcón es Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Síguelo en X ( @MeyerFalcon ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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