Estaban hartos de la extorsión diaria. Pero también sin la capacidad económica para pagar el “derecho de piso” que mensualmente les exigían para dejarlos trabajar.
Agricultores del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, se armaron de valor con armas blancas, como machetes y palos. La turba -que incluía mujeres y niños- se dirigió al lugar donde estaba el grupo delincuencial “La familia” para acabar de una vez por todas con la constante opresión que recibían.
La gresca mortal terminaría teñida en sangre. En el enfrentamiento del pasado 8 de diciembre murieron cuatro pobladores y 10 presuntos integrantes de la célula delictiva; una de las víctimas mortales fue Rigoberto de la Sancha Santillán, "El payaso”, líder regional de la organización criminal.
La situación en Texcaltitlán desnuda una cotidiana realidad lacerante en todo el país. Y hasta que el hastío de la gente irrumpe en desesperación a causa de una injusticia tan común se hace nota principal.
También hace reflexionar y argumentar sobre la importancia que tiene el abrir el tema de la legalización de portación de armas por parte de la población, para ir más allá de lo que señala el artículo 10 de la Constitución Política de 1917: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva”.
El debate en torno a la legalización de armas de fuego en México es un tema de gran relevancia que demanda una cuidadosa consideración. En un país tan marcado por la violencia asociada al crimen organizado, la discusión sobre la regulación de las armas se vuelve crucial para el futuro de la seguridad y la justicia.
En su cuenta de X, el empresario Ricardo Salinas Pliego, sugirió que al legalizar armas se disminuirían los asaltos y robos. Otros defensores de la legalización argumentan que permitir el acceso controlado a armas de fuego podría empoderar a los ciudadanos para protegerse a sí mismos y a sus propiedades en un entorno donde las fuerzas del orden a veces enfrentan desafíos significativos. Sostienen que la legalización podría disuadir a los criminales, al tiempo que fomenta la responsabilidad entre los propietarios legales.
Sin embargo, existe una preocupación válida, de otros sectores históricamente de centro-izquierda, sobre el riesgo de un aumento en la violencia si se liberaliza el acceso a las armas. Para ellos, México ya enfrenta desafíos considerables en términos de crimen y seguridad, y una mayor disponibilidad de armas de fuego podría agravar la situación. Además, del riesgo de que las armas legales caigan en manos equivocadas y se utilicen para perpetrar crímenes, como los múltiples tiroteos en escuelas y centros comerciales en Estados Unidos.
El contexto histórico y cultural también juega un papel fundamental en este debate. México tiene una historia compleja con respecto a la violencia armada, y las soluciones deben ser contextualizadas y sensibles a estas dinámicas históricas. Para muchos es un debate muerto, pues es imposible cambiar la situación en el país y el hecho de buscar medidas de control solo sería golpear el avispero. Una vez más.
Ahora bien, para nadie es un secreto que el país está repleto de armas de fuego de todo tipo. Basta ver en grupos de Facebook, WhatsApp o Telegram donde se venden AK-47 o granadas de fragmentación a menos de 20,000 pesos.
El pasado 7 de octubre del 2022 trascendió por documentos hackeados a la Sedena que un proveedor de armas para un grupo criminal tenía su base de operaciones en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México.
Durante décadas hemos culpado a Estados Unidos del trasiego de armamento, pero debemos afrontar que el tráfico es ahora local por la abundancia de municiones y armas de todo calibre.
¿Cuántas armas de fuego hay en México? La Secretaría de la Defensa Nacional se limita a responder que existen un total de 2,535 licencias particulares individuales. Pero no hay un número específico de armas porque, sencillamente, no lo conocen.
Según la Encuesta de Armas Ligeras o Small Arms Survey, se estima que en México habría 16 millones de armas de fuego. Esto es imposible de corroborar, pues nadie tiene idea del impresionante arsenal que los múltiples grupos delictivos ostentan.
El debate sobre la legalización de armas de fuego en México debe existir en la agenda de los candidatos tanto a las Cámaras como a los gobiernos municipales, estatales o el federal. Hasta el momento nadie en las distintas plataformas de precandidaturas ha hablado del tema. Probablemente nadie querrá echarse ese trompo a la uña, como se dice coloquialmente.
Sheinbaum o Xóchitl deberán tener respuestas claras a este tema a través de evaluaciones cuidadosas de los riesgos y los beneficios, considerando tanto la seguridad pública como los derechos individuales. Decisiones respaldadas por políticas integrales que aborden las causas fundamentales de la violencia y promuevan un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos individuales.
Llevamos 106 años con el mismo principio constitucional. Mucho tiempo de silencio, que debe romperse debido a la cruel realidad, donde de cada siete delitos de alto impacto hay un arma no registrada de por medio. ¿Quién provee las armas dentro de los pueblos y ciudades?
¿Por qué no exigir transparencia? ¿Por qué no llegar al meollo del asunto a fin de conocer qué piensa la mayoría ciudadana en cuanto a este tema que ha representado un tabú por muchas generaciones?
Más allá de un tema idealista, debatir sobre la legalización amplia de armas de fuego es una necesidad pragmática, pues la violencia imparable y los ríos de sangre en el país siguen en aumento.
¿Alguien tendrá alguna solución o seguimos sin hablar del tema?
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