En una democracia robusta y consolidada, la transparencia se perfila como una pieza central del engranaje político. Dentro del vasto mosaico mexicano, la Ciudad de México se yergue como un microcosmos social y político, que refleja y, en ocasiones, marca el tono para el resto del país en muy diversos sentidos. Al ahondar en la normativa que regula la transparencia en la capital mexicana, es evidente que la profundidad y especificidad con la que se trata este tema no son meros adornos legales. Son, de hecho, mecanismos vitales para asegurar que la participación ciudadana sea genuina y efectiva, y que los partidos políticos actúen en consonancia con lo que se espera de ellos en un Estado democrático constitucional.
Transparencia, elemento de certeza para el proceso electoral de la CDMX
La resistencia al cambio, la inercia burocrática y la tentación del poder pueden hacer que la transparencia se vea como una amenaza en contextos de contienda por el poder político.
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Empecemos por lo básico: los partidos políticos, a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, tienen una serie de obligaciones que trascienden la mera búsqueda de votos. Al ser entidades de interés público, su actuar, financiamiento y estructura interna deben ser transparentes y encontrarse sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
Tomemos, por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos, normativa que detalla las obligaciones de transparencia a las que los institutos políticos están sujetos. Entre ellas, destaca el hecho de que los partidos deben hacer públicos sus documentos básicos, plataformas electorales, convenios de coalición y cualquier cambio o modificación a estos. Además, los informes financieros, que detallen tanto el origen como el uso de sus recursos, deben ser entregados periódicamente y ser accesibles al público.
No menos importante es el hecho de que las decisiones internas, como las elecciones de sus dirigentes o candidatos, tienen que ser transparentes y abiertas. Recordemos el caso de 2019, cuando uno de los principales partidos de la CDMX debió repetir sus elecciones internas tras denuncias de falta de claridad y posible manipulación del proceso. Este episodio, lejos de ser un simple escándalo, reflejó las tensiones inherentes a un sistema que exige transparencia y a su vez enfrenta resistencias internas y externas.
Estas obligaciones tampoco son casuales, pues responden a la lógica de un Estado democrático constitucional, donde los ciudadanos no son meros espectadores sino actores centrales de todas las decisiones en torno al ámbito público. La lógica es clara: para ejercer un voto informado, el ciudadano debe tener acceso a toda la información relevante de las y los candidatos. Y en un contexto donde los partidos políticos son las principales máquinas de representación política, su transparencia es crucial.
Además, en una democracia, la rendición de cuentas no es un lujo, es una necesidad, por tal motivo, los partidos, como entes que buscan acceder al poder y administrar recursos públicos, deben ser sujetos a un escrutinio constante. Aquí la transparencia no es solo un fin, sino un medio para asegurar que la corrupción, el clientelismo y otros vicios no corrompan el proceso democrático.
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La relación entre transparencia y la distribución de cargas y beneficios sociales es aún más palpable, ya que en una democracia las decisiones políticas tienen impactos directos sobre la calidad de vida de la población. Desde la designación de recursos para infraestructura, salud y educación, hasta decisiones sobre derechos civiles y sociales, los partidos políticos juegan un papel central. Si su actuar no es transparente, se corre el riesgo de que tales decisiones no reflejen, a través de la gestión pública correlativa a las mismas, su debida alineación y orientación hacia la efectiva obtención del bien común, sino intereses particulares o de grupo.
El reto, por supuesto, no es menor. La resistencia al cambio, la inercia burocrática y la tentación del poder pueden hacer que la transparencia se vea como una amenaza en contextos de contienda por el poder político. Sin embargo, para la Ciudad de México que aspira a ser una metrópolis moderna y democrática, es un desafío ineludible.
Es importante que como ciudadanos, y de cara al proceso electoral 2023-2024, usemos la transparencia como una herramienta que le dé legitimidad, respaldada y exigida por un marco normativo robusto, pues sólo así, con ciudadanos informados y partidos políticos transparentes, se puede aspirar a una distribución justa y equitativa de las cargas, frutos y beneficios sociales en una ciudad tan diversa y dinámica como la capital mexicana.
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Nota del editor: Julio César Bonilla Gutiérrez es Comisionado Ciudadano del INFO CDMX. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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