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#ColumnaInvitada | ¿De qué sirve la transparencia? (Parte II)

El acceso a la información y la transparencia facilitan las prácticas de negocios.
lun 10 octubre 2022 06:00 AM
(Fotografía temática de información financiera)
El nuevo reto, que podría significar un nuevo hito de la transparencia en México, es dotar de utilidad social a la información pública, considera Blanca Lilia Ibarra.

En la entrega pasada esbozaba una interpretación de la evolución de la transparencia en México tomando en cuenta el andamiaje legal e institucional construido a lo largo de dos décadas. El reto actual ya no está en lo legal ni en lo institucional, tampoco en demostrar la utilidad de este derecho en nuestro país, el nuevo reto, que podría significar un nuevo hito de la transparencia en México, es dotar de utilidad social a la información pública.

Es decir, ya no concentrarse solo en difundirla, sino en que la información pública se transforme en beneficios concretos e inmediatos para la gente, es decir, aprovechar todo este andamiaje institucional como una palanca del desarrollo y bienestar, no solo del sistema político en lo general, sino de las y los ciudadanos en lo particular.

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¿Cuál es el potencial del derecho a saber, su valor social y las utilidades de la información pública para la vida cotidiana de las personas? En un principio, el Derecho de Acceso a la Información (DAI) supone beneficios múltiples y de diferente naturaleza. La utilidad social del derecho de acceso a la información debe clasificarse en dos categorías: 1) las utilidades sistémicas; y, 2) las utilidades particulares.

En cuanto a las utilidades sistemáticas me refiero a los beneficios que el DAI supone para la totalidad del sistema democrático, es decir, que benefician a la sociedad en su conjunto en tanto que posibilitan o fortalecen el respeto de los pilares de las sociedades modernas.

La aplicación de las utilidades sistémicas permite fortalecer la legitimidad del régimen democrático; fomentar la participación social en los asuntos públicos; promover la recuperación de la confianza ciudadana en las acciones gubernamentales; posibilitar ejercicios de rendición de cuentas efectivos; incentivar el debate público y dotar de insumos para la opinión pública, o coadyuvar en el combate a la corrupción, pues la observación permanente de las acciones y decisiones de los gobiernos desincentiva y previene los intercambios corruptos.

Como utilidades particulares, definidas como beneficios directos y específicos para una persona o grupo, debemos identificar al menos dos especies: la utilidad cognitiva y la utilidad instrumental. La utilidad cognitiva se refiere a cuando la información, por sí misma, implica una ganancia (o beneficio) para la persona solicitante. En cambio, en la función instrumental, la información se convierte en un medio para obtener un beneficio ulterior e incluso potenciar otros derechos. He aquí la visión del DAI como un “derecho llave”.

Para hacer esta premisa más ilustrativa debemos ejemplificar dichos beneficios, clasificándolos por sectores, pues de esta forma la sociedad puede tener mayor claridad de cómo pueden construirse beneficios o soluciones a partir del DAI.

A continuación, expondré la utilidad en cinco sectores que me parecen apremiantes en el contexto actual de nuestro país: la equidad de género, el desarrollo económico, la salud, la justicia y el medio ambiente.

En materia de género. El acceso a la información nos permite fortalecer esta agenda, de inicio, porque es justamente la publicidad de la información pública la que ha posibilitado que hoy contemos con datos y elementos contundentes para hacer patente un diagnóstico cada vez más atinado sobre la situación de las mujeres en el mundo.

Así, este derecho nos ayuda a posicionar nuestras necesidades con fundamento en la información obtenida y difundida por periodistas, integrantes de la academia y organizaciones civiles. Al tiempo, al visibilizar tales circunstancias, damos pauta a la articulación de exigencias.

 

En materia de desarrollo empresarial. Este es otro campo donde la información pública puede resultar sumamente provechosa, no solo para la salud del sistema financiero, al dar certeza a los inversionistas frente a las dinámicas gubernamentales, sino para los empresarios y pequeñas empresas en lo concreto.

Por resumir, el acceso a la información y la transparencia facilitan las prácticas de negocios. Como comenta Mendel: “Los órganos públicos mantienen una cantidad abundante de información de todo tipo, mucha de la cual se relaciona con asuntos económicos y que puede resultar de gran utilidad para los negocios”.

En materia de salud, el acceso a la información puede habilitar el goce de servicios médicos básicos, como medicinas y atención médica, tal como lo documentó Artículo 19 en un caso que dio pauta a la célebre crónica “Francisca y la información”, donde una mujer mejoró su comunidad al reestablecer la atención médica y suministro de medicamentos mediante el uso del DAI.

En materia de medio ambiente, FUNDAR México documentó cómo el acceso a la información permitió salvar el Río Cocospera de la construcción de una vía carretera, con lo que se protegió el hábitat de jaguares, osos, pumas y otros animales más.

En materia de justicia, el derecho de acceso a la información ha permitido que personas encarceladas injustamente fueran liberadas al identificarse inconsistencias en sus procesos judiciales, tal como lo narra el reportaje “Edomex: Fábrica de Culpables”, que para realizarse requirió de más de 100 solicitudes de información.

Estos son solo algunos ejemplos del potencial del derecho a saber para beneficio de la realidad inmediata de las personas. Por ello, y conscientes de esa realidad, desde el INAI se han implementado diversas estrategias para socializar el conocimiento, ejercicio y aprovechamiento de esta atribución.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

 
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