La democracia es el gobierno de la mayoría, pero una mayoría que gobierna como si su poder no tuviera límites no es una mayoría democrática. Porque en la democracia importa quién y también cómo gobierna; que sea una mayoría es condición necesaria, no suficiente. Un gobierno mayoritario que vulnera la separación de poderes, que contraviene los procedimientos o atropella los derechos de las minorías, es un gobierno que atenta contra las condiciones que hacen posible la política democrática. Usar la fuerza de una mayoría para desobedecer las reglas, para violar los controles y requisitos que delimitan el ejercicio del poder, no es practicar la democracia sino promulgar la arbitrariedad.
Mayoría vs. democracia
El obradorismo no ha sido una etapa de normalidad democrática; sin embargo, tampoco de régimen autoritario y menos de dictadura. Lo que ha sucedido, más bien, es un proceso de regresión democrática.
@carlosbravoreg
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Eso fue justamente lo que hizo un grupo de senadores afines al presidente el 29 de abril pasado en Palacio Nacional: escenificar una fantasía de que su mayoría puede legislar al margen de cualquier formalidad parlamentaria, como si la suma de sus votos bastara para desdeñar la sede, ignorar las normas y excluir a las oposiciones. Es tan flagrante la aberración y tan obvio que se la están poniendo muy fácil a las oposiciones para impugnar y a la Suprema Corte para que les eche todo abajo, que uno no puede dejar de preguntarse si no saben lo que están haciendo o si, más bien, lo hacen a sabiendas. Lo primero equivale a concederles el atenuante de la ignorancia; algo que a estas alturas parece, por decir lo menos, demasiado generoso o ingenuo. Lo segundo supone que su propósito es menos la legislación que la óptica; lo cual resulta, dado la circunstancia crepuscular del sexenio, mucho más verosímil. Me explico.
Durante estos años el sistema político mexicano no ha vivido una etapa de normalidad democrática; sin embargo, no se ha convertido en un régimen autoritario ni tampoco en una dictadura. Lo que está sucediendo en México es una regresión o retroceso democrático (la Ciencia Política en inglés le llama democratic backsliding): un proceso mediante el cual un gobierno democráticamente electo usa su poder para menoscabar las instituciones de la propia democracia, a veces con éxito (como Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía) y a veces sin él (como Trump en Estados Unidos o Uribe en Colombia). Las regresiones exitosas producen regímenes que de un modo u otro siguen teniendo cierta legitimidad popular o electoral aunque difícilmente pueden considerarse democracias; las regresiones que fracasan debilitan o desfiguran pero no logran subvertir la institucionalidad democrática. En ambos casos la democracia está bajo amenaza; en unos muere, en otros resiste.
En este momento es imposible saber dónde desembocará la maltrecha democracia mexicana; sabemos, con todo, que el 2024 será un momento fundamental en la definición de su destino. Hace tiempo que el obradorismo renunció a gobernar para dedicarse de tiempo completo a la sucesión presidencial; o, quizá mejor dicho, decidió subordinar el quehacer de su gobierno a la operación electoral del 2024. No hay ya prácticamente ningún acto gubernamental de importancia que no pueda ser explicado bajo dicha lógica (incluido, por cierto, el obstinado empoderamiento de las Fuerzas Armadas). ¿Cuál es el significado, en ese contexto, de la bacanal legislativa a la que se entregó la coalición oficialista? Primero, no es llevar a cabo “el cambio” (cualquier cosa que eso sea hoy en día) sino ser vista tratando de llevarlo a cabo. Segundo, es generar deliberadamente una reacción adversa susceptible de ser de ser utilizada como argumento para victimizarse. Y tercero, es llamar a defender electoralmente el “proyecto” contra los “ataques” de las oposiciones y la Suprema Corte, representadas entonces como fuerzas antidemocráticas que le impiden a la mayoría cumplir su voluntad.
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Da igual cuál haya sido el contenido de esos “cambios”, lo importante es quién los impulsó y quién los detuvo. La disputa cobra sentido, entonces, no en términos constitucionales sino políticos. No importan tampoco los resultados de la gestión obradorista ni las razones de sus contrincantes o sus contrapesos; sólo importan, insisto, los quiénes –no el qué, no el cómo, no el por qué–. El obradorismo encuentra ahí un agravio que saldar y un motivo de cohesión de cara al 2024 como una una mayoría que buscará refrendarse como tal a costa de la institucionalidad democrática.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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