La obligación principal de los gobiernos es garantizar la seguridad individual y colectiva de la población, condición necesaria para todo lo demás. Bajo esta premisa, en las elecciones de este año no solo está en juego la hegemonía histórica del PRI en los bastiones que le quedan, Coahuila y Estado de México, sino el bienestar de millones de personas: ni más ni menos. No podemos olvidarlo y mucho menos los electores. Un voto crítico hará la diferencia, más allá de los colores partidistas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿De qué van las propuestas de los candidatos? ¿Los nuevos gobiernos estarán a la altura?
#ColumnInvitada | Elecciones 2023. La seguridad en disputa
Un voto crítico hará la diferencia, más allá de los colores partidistas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿De qué van las propuestas de los candidatos? ¿Los nuevos gobiernos estarán a la altura?
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Coahuila
En términos generales, la gestión de Miguel Riquelme ha sido positiva. De acuerdo con datos oficiales, la entidad ocupa los últimos lugares a nivel nacional en varios delitos de alto impacto social, considerando la tasa por cada 100,000 habitantes, los cuales mantienen una tendencia descendente desde 2017, incluido homicidio doloso. Sin embargo, han incrementado las extorsiones (48.7%), los feminicidios (149.3%) y el narcomenudeo (26.2). Lo anterior se ve reflejado en el pulso ciudadano; según el Inegi, en 2022 Coahuila ocupó la posición 30 en percepción de inseguridad, la cual también va en descenso. La propuesta lógica es evidente: hay que apagar los incendios, que son pocos y bien identificados, y mantener, incluso mejorar, lo que se viene haciendo bien.
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Los principales contendientes son Manolo Jiménez por parte de la coalición PRI-PAN-PRD y Armando Guadiana, abanderado de Morena. De acuerdo con las plataformas y declaraciones recientes, en caso de obtener la victoria, Jiménez centrará la atención en mejorar el desempeño policial y Guadiana mantendrá la línea asistencialista de la “cuarta transformación” con una propuesta electoralmente atractiva: becas universales. Aunque la historia muestra que las policías locales son claves en procesos de pacificación y que las transferencias monetarias no siempre son estrategias efectivas en materia de prevención social, lo cierto es que hay más dudas que certezas sobre la pertinencia de las propuestas, pues los candidatos no han dicho de dónde las obtuvieron o cómo ayudarán a continuar con los buenos resultados o reducir los feminicidios, extorsiones o narcomenudeo.
Estado de México
El gobierno de Alfredo de Mazo ha sido desastroso en materia de seguridad pública; desde 2017 en el Estado de México han incrementado las extorsiones (202%), los feminicidios (79.5%), los homicidios dolosos (4.7%), el narcomenudeo (16.1%), el robo a negocio (70.2%) y el robo a transportista (7.2%). Además, la entidad se encuentra en los primeros cinco lugares a nivel nacional en extorsión (2), robo a negocio (4), robo a transportista (2) y robo de vehículo (3). La percepción de inseguridad mantiene niveles superiores al 90% y en 2022 la entidad alcanzó la segunda posición en percepción de inseguridad a nivel nacional, solo detrás de Zacatecas.
El nuevo gobierno deberá cambiar de inmediato la estrategia. El Estado de México será liderado por una mujer por primera vez en la historia, Alejandra del Moral, abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD-PANAL, o Delfina Gómez, bajo el sello de la coalición Morena-PT-PVEM. La candidata morenista prometió duplicar el número de cámaras de videovigilancia policial, mientras que Alejandra del Moral buscará endurecer las penas. La situación es bastante parecida al caso coahuilense en lo que se refiere a la falta de argumentos y fundamentos para las propuestas, que en este caso son bastante convencionales cuando cabría esperar cambios profundos.
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Urgencia de argumentos
Entregar becas, instalar cámaras de videovigilancia, rehabilitar parques o imponer castigos más severos para los delincuentes históricamente han sido medidas populares que se traducen en una buena cantidad de votos, pero no siempre en la reducción del crimen. La diferencia entre una ocurrencia y una alternativa de solución se encuentra en los argumentos que respaldan su pertinencia y viabilidad, los cuales, hasta el momento, han brillado por su ausencia. Ya se fue un cuarto de las campañas y los ejes y acciones puestos sobre la mesa no han comenzado a madurar. Eso no permite augurar un buen pronóstico. La presión activa de la sociedad civil debe hacerse presente con urgencia si queremos que las políticas que finalmente se implementen contribuyan a la pacificación sostenida. Los retos son mayúsculos, continuar con lo que se ha hecho bien en Coahuila o cambiar dramáticamente el curso de acción en el Estado de México, y para afrontarlos de manera efectiva necesitamos a candidatos y ciudadanos a la altura de las circunstancias.
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en ciencia política, profesor universitario y consultor especializado en seguridad pública en Integralia Consultores (@integralia_mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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