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#ColumnaInvitada | Rezago judicial, ¿responsabilidad única de los tribunales?

Más que existir problemas inherentes a cada tribunal, los propios justiciables y litigantes provocan que los juicios se prolonguen, en muchas ocasiones, de manera innecesaria.
dom 26 marzo 2023 07:01 AM
Rezago judicial, ¿responsabilidad única de los tribunales?
La práctica nos ha mostrado que la cultura de la economía procesal y de la justicia pronta y expedita también depende de aquellas personas que acudan a instancias judiciales, así como de quienes representan sus intereses, apunta Mileva González.

Una de las principales problemáticas del sistema judicial mexicano es el llamado “rezago judicial”, sin embargo, en pocas ocasiones nos adentramos a analizar si ese fenómeno es causado únicamente por los tribunales mexicanos, o si bien, existe otro tipo de factores externos que ocasionan que, lejos de permitir a las partes obtener justicia de manera rápida y expedita, deban de someterse a un trámite tedioso y tardado.

El rezago judicial es una problemática que ha enfrentado el sistema judicial mexicano desde hace ya varios años y que actualmente incrementó con motivo de la pandemia del COVID-19. Con motivo de las medidas sanitarias adoptadas en nuestro país, los tribunales de justicia paralizaron sus funciones por un periodo aproximado de entre dos y cinco meses.

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Pese a los esfuerzos del Consejo de la Judicatura Federal y los tribunales locales de cada entidad federativa para implementar mecanismos tecnológicos, logísticos y humanos para eficientar la productividad de sus labores para disminuir el rezago judicial, nos encontramos con que éstos no han sido del todo efectivos como en otros países, pues más que existir problemas inherentes a cada tribunal, los propios justiciables y litigantes provocan que los juicios se prolonguen, en muchas ocasiones, de manera innecesaria.

Por un lado, en México existe una cultura de litigio que ocasiona que los justiciables no acudan en primera instancia a los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), lo cual podría combatirse implementando la obligatoriedad de acudir a los MASC previo a iniciar un litigio judicial y generar una nueva cultura en la sociedad mexicana que permita resolver controversias de manera más amigable.

Por otro lado, existe la problemática en torno a las “dilaciones judiciales” por parte de los justiciables y litigantes que también ha sido pieza clave en el rezago judicial en nuestro sistema de justicia y que ha sido reconocido por los jueces y magistrados desde hace varios años atrás.

Por ejemplo, en la obra El amparo de la justicia local del Magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, nos expone la problemática a la que se enfrentan los tribunales federales para acabar con el rezago judicial y menciona lo siguiente: “Los tribunales de la Federación no enfrenten un rezago importante en los procesos federales de carácter penal o de carácter civil; su problema radica en los juicios de amparo”.

Es decir, a partir de lo expuesto por el Magistrado Guadalupe Tafoya nos percatamos que muchos juicios tardan años en resolverse debido a los diversos medios de impugnación y los juicios de amparo promovidos por los justiciables, lo cuales, desafortunadamente, en muchas ocasiones se dirigen a entorpecer el procedimiento, evitar ejecuciones de resoluciones condenatorias o simplemente a “ganar tiempo”.

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Así, las promociones “maliciosas” o “innecesarias” por parte de los litigantes es una de las principales causas por las que existe y ha incrementado considerablemente el rezago judicial. Si observamos los datos de la Dirección de Estadística de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México podemos percatarnos que durante los meses de enero y septiembre de 2022 los juzgados de primera instancia de dicha entidad se emitieron 3,423,407 acuerdos, cifra que es exorbitante si la comparamos con la totalidad de acuerdos que fueron emitidos el año de 2022, los cuales ascienden a la cantidad de 3,849,745.

Por lo tanto, el cúmulo de asuntos sin resolver y la falta de que exista una justicia pronta y expedita no sólo es responsabilidad del poder judicial mexicano y de la suspensión de labores en los tribunales con motivo de la pandemia del COVID-19, sino que los litigantes y justiciables también son responsables del rezago judicial de nuestro país, pues éstos ocasionan voluntaria e innecesariamente, en muchas ocasiones, obstáculos procesales, ya sea a través de la presentación de juicios cuya controversia pudo haber sido resuelta fuera de tribunales, así como la promoción de escritos maliciosos e improcedentes.

Sin duda, la práctica nos ha mostrado que la cultura de la economía procesal y de la justicia pronta y expedita no depende únicamente de los órganos jurisdiccionales, sino que también depende de aquellas personas que acudan a instancias judiciales, así como de quienes representan sus intereses.

Nota del editor: Mileva González es asociada del Despacho Pérez Correa González. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

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