La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta momentos decisivos.
Sus 10 ministros y la plagiaria habrán de decidir la suerte del futuro electoral de nuestro país.
Y justo en medio de esta histórica circunstancia crucial se ha dado un nombramiento por demás polémico en el área administrativa.
Les cuento, el 16 de febrero asumió el cargo de Director General de Recursos Materiales, Manuel Alamilla Ceballos, un personaje digamos… con dudosa reputación, ya que ha sido señalado no solo por manejos indebidos de los recursos públicos, sino también por el mal trato a su personal, por venta de plazas, nepotismo, etcétera. ¡Así como lo están leyendo!
Baste decir que la actual administración del gobierno de Quintana Roo encontró deudas entre los 5,000 y 7,000 millones de pesos (mdp) a proveedores, por lo que está integrando expedientes para ejercer acción penal contra los exservidores públicos responsables.
Y no me lo va a creer, pero entre estos exservidores se encuentra -redoble de tambores- el exoficial mayor del gobierno de Quintana Roo, Alamilla Ceballos, a quien se le comprobó la contratación por más de 100 mdp para confección de uniformes escolares a una empresa sin experiencia y cuyo objeto no correspondía al contratado.
Pero no solo esto, también le han documentado contrataciones infladas por vehículos blindados y motos de lujo; contratación de servicios que pueden ser realizados en su oficina, tal como el procesamiento de nómina; contratación de artistas para distintos espectáculos, así como múltiples contratos otorgados a su esposa. ¡Quihúboles!
Sin duda que el aspecto sustantivo de la Corte reside en la administración de justicia, pero no es asunto menor el destino que se le da al dinero público.
La fama pública importa porque impacta sobre el total de actuaciones del Supremo Tribunal y si la persona que administra las adquisiciones en el Poder Judicial no goza de una reputación impecable, terminará impactando sobre la consideración de la ciudadanía respecto de las determinaciones de los 10 ministros y la plagiaria.
Vivimos una época en la que la fama pública debería ser un factor decisivo para las contrataciones en el gobierno.
De hecho, la ministra Norma Piña goza de una inmejorable reputación, por lo que sería deseable que quien lleva a cabo las contrataciones de personal en las áreas administrativas ponga atención a la fama pública de los candidatos y elijan a aquellos que no solo tengan conocimientos en la materia para la que se les contrata, sino que cuenten con un reconocimiento por su reputación.
El blindaje ético de los funcionarios públicos debe ser una exigencia general y un requisito inevitable para formar parte de una administración como la de la ministra Piña.
No puedo terminar sin solidarizarme públicamente con la ministra presidenta Norma Piña, por la violencia de la que ha sido objeto. Ministra #NoEstásSola
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