Un plan b significa que algo se hizo mal, que no fue posible lograr la opción preferida, anhelada. Es casi siempre un signo de debilidad o de inconformidad latente. No está nada mal tener un Casio, accesible y muy funcional, pero es raro intervenir un instrumento de lujo --reconocido a nivel nacional e internacional, ya sea que mida el tiempo o realice elecciones-- para transformarlo en algo que, se sabe, será de menor calidad.
#ColumnaInvitada | Plan B: ¿un Casio por un Rolex?
El conflicto generado en torno del llamado Plan B electoral es nervudo porque tanto el presidente de la República como el INE compiten por alcanzar el mayor nivel de confianza entre la ciudadanía.
@Javier_Rosiles
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El problema con la reforma electoral impulsada por el propio Andrés Manuel López Obrador, que no logró el consenso necesario para ser constitucional y que ha tenido que derivar en modificaciones a leyes secundarias -un plan b-, es grave. Lo es porque no está ni a gusto el Ejecutivo, que tenía una ambición mayor en los alcances, ni evidentemente el propio Instituto Nacional Electoral (INE), al que se le ha encomendado la infausta tarea de proponer la manera en que quiere destazarse a sí mismo.
Este apresuramiento denota cierto grado de improvisación y también es una osadía que pone en riesgo unas elecciones presidenciales. ¿De qué tamaño debe ser el INE para que cumpla con sus funciones y el gasto para hacerlo no se juzgue como oneroso? Se tomó la resolución de empequeñecerlo antes de contar con el diagnóstico adecuado. Se cruzó la delgada línea entre disminuir y menguar.
En un transitorio, el décimo, se le ordena al Consejo General del INE identificar “las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificará su ejecución”, lo que tendría que hacer en menos de tres meses.
Lo anterior se puede leer en la minuta que propone reformar tres ordenamientos, entre ellos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que los legisladores de Morena buscarán sea aprobada apenas se inicien los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura en el Senado, lo que ocurrirá este primero de febrero.
Entre las implicaciones de las reformas propuestas se encuentra que el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) quedaría reducido a apenas el 15.4% de lo que es ahora. Es decir, pasaría de 2,571 plazas de cargos y puestos a tan solamente 396. ¿Reingeniería electoral o el troceo de una institución para inutilizarla?
Un elemento más son las contrataciones temporales a las que obligaría la nueva normatividad. Entre los trabajadores del INE se sabe, se platica en los pasillos que nadie quiere moverse a lugares como el distrito 8 de Guerrero, con sede en Ayutla de los Libres, o el distrito 12 de Michoacán, con sede en Apatzingán de la Constitución, por los altos niveles de violencia e inseguridad que se padecen en esas zonas. La pregunta es si los perfiles requeridos querrán emprender esa aventura ahora en peores circunstancias, en condiciones laborales perecederas.
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El conflicto generado en torno del llamado Plan B electoral es nervudo porque tanto el presidente de la República como el INE compiten por alcanzar el mayor nivel de confianza entre la ciudadanía. Las universidades públicas, el Ejército-Marina y la Guardia Nacional son las instituciones más confiables para los mexicanos. Les acompañan en ese conjunto de privilegio el INE y el presidente. Si 70% confía en las universidades públicas, 60% lo hace en el organismo que encabeza el consejero Lorenzo Córdova y 53% en López Obrador (Informe País 2020).
Pero en la discusión también entran quienes apostaron por incorporarse a una institución como el INE con la idea sí de contar con estabilidad laboral, pero también de prepararse y hacerse con la responsabilidad de planear y organizar los procesos electorales que requiere una democracia todavía endeble en un país tan complejo como lo es México. Al final, la mayor incertidumbre se encuentra en la base del Instituto más que en la punta de su pirámide.
México todavía no es un país que pueda darse el lujo de sostener instituciones costosas, pero el afán de moderación tampoco debe llevar al desmantelamiento o a la ineficacia del entramado organizacional público. Ojalá todo fuera tan sencillo como escoger entre una marca de relojes y otra. De lo que se trata es de fortalecer los arsenales instrumentales administrativos con que cuenta el Estado mexicano para seguir desarrollando sus funciones con la cualidad de democrático.
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Nota del editor: el autor es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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