Los esfuerzos de los mexicanos por la defensa de sus derechos político-electorales, la transparencia, la libertad, equidad, imparcialidad e inclusión en los procesos de selección de representantes tienen más de 100 años de llevarse a cabo. Con la Constitución de 1917 como precedente, y tantos otros hechos históricos como la promulgación de la Ley Federal Electoral, la apertura en el registro a nuevos partidos políticos, la garantía de paridad en los procesos, representaciones y votos; así como la como con la propia creación del Instituto Federal Electoral, los mexicanos nos hemos manifestado ininterrumpidamente en favor de la legalidad -y demás valores fundamentales, enunciados previamente- en los comicios federales.
#ColumnaInvitada | Repensando la democracia: reforma electoral
El INE, como lo conocemos ahora, en su etapa de mayor madurez o “mayoría de edad”, es considerada la institución civil con más credibilidad y confianza pública a los ojos de los mexicanos.
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Desde luego, los esfuerzos han sido distintos. Desde hace 23 años éstos se han convertido, más bien, en la suma o aportación de elementos de mejora al sistema electoral; pues se ha producido un cambio en el objeto de búsqueda: anteriormente, se buscaba cómo garantizar el acceso al voto y cómo presentar resultados fidedignos y transparentes a la población. En la actualidad, lo que se busca es algo más cercano a la agilización, la eficiencia, la tecnologización y el alcance, en términos de facilitación, no de acceso.
Así entonces, tenemos que el Instituto Nacional Electoral, como lo conocemos ahora, en su etapa de mayor madurez o “mayoría de edad”, es considerada la institución civil con más credibilidad y confianza pública a los ojos de los mexicanos; e incluso, ante los ojos de distintos actores internacionales.
En este sentido y alineado con los esfuerzos, una reforma electoral no es cosa nueva. Sobre todo, si ésta busca cumplir con el principal objetivo en beneficio de los mexicanos: el mejoramiento de la calidad y los valores democráticos. El problema con la formulación actual de reforma, si se me permite, es pensar el beneficio de ésta en términos de ahorro.
Mucho se ha hablado sobre éste, la reducción de costos en los procesos electorales y el deseable incremento presupuestal a los programas públicos. Esto incluso se ha visto reflejado en las encuestas nacionales, pues el ahorro en recursos cuenta con el 48% de las simpatías en tanto que es considerado como el segundo objetivo principal de la reforma en materia electoral. No obstante, mucho ha faltado analizar el costo real de dichas reducciones; se ha hablado poco, o casi nada, de la trascendencia y de la lucha detrás de la construcción del instituto.
Ahora bien, incluso cuando el ahorro ha recibido gran parte del apoyo popular, éste no alcanza para justificar el posible debilitamiento de nuestra democracia; pues se trata de un ahorro malentendido, uno que pone en riesgo la credibilidad y la confianza nacional e internacional en nuestro sistema y que refiere además al olvido de nuestra historia. Sobre todo, al olvido de los logros en materia electoral que hemos alcanzado en los últimos 23 años. Y es que, ¿de qué otra forma podrían pasarse por alto los aspectos de la reforma que vulneran la identidad democrática de los mexicanos?
En el marco de su discusión, es preciso que reflexionemos: ¿de qué forma se garantizarán la transparencia, legalidad y veracidad en los procesos y resultados electorales, una vez que se haya mermado la autonomía, al igual que la capacidad operativa, administrativa y los recursos y/o facultades esenciales del sistema? ¿Qué sucederá con las condiciones de competencia partidista que, hasta ahora, son igualitarias? ¿En qué se sustentará el equilibrio entre las autoridades electorales con las demás autoridades de gobierno? Y, ¿vale la pena hacer a un lado los años de lucha por la autonomía, transparencia, legalidad, representatividad, inclusión y veracidad, a cambio de un número estático de recursos que -dicho sea de paso- podrían obtenerse por una vía distinta y no-dañina?
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Consideremos, asimismo, los efectos de su aplicación en la política internacional: ¿qué pasará con los índices y los niveles de confianza de las demás naciones con nuestro Estado? ¿Estamos preparados para enfrentar las posibles derivaciones socioeconómicas y políticas de una mala percepción sobre nuestra estabilidad política? ¿Cómo evitaremos desalentar, entre otros comportamientos comerciales bilaterales, a la inversión ante un posible escenario de disputa, merma y desorganización?
Para finalizar, insisto en la necesidad de repensar a la democracia, sus valores, esfuerzos y grandes beneficios al Estado, a su población y al entendimiento internacional. Ayudémonos, para ello, revisitando los lugares y momentos de la historia que nos han traído hasta ahora, cuando resulta fundamental defender nuestros valores e identidad democráticos.
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Nota del editor: Gustavo Almaraz Petrie es Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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