La buena noticia no se agota en el símbolo. La que llegó al cargo no es cualquier mujer. La ministra Piña tiene un récord de votos en asuntos relacionados con la defensa de los derechos de la mujer (recordemos en particular sus argumentos a favor de la legalización de la interrupción del embarazo) y de los derechos humanos (se pronunció a favor de invalidar la prisión preventiva oficiosa ). Con todo, lo más destacable es que ha tenido congruencia en sus criterios. De hecho, es conocida en la Corte por su buena memoria y porque no duda en llamar la atención de sus compañeros ministros cuando éstos tienen posturas que parecen inconsistentes con el sentido de sus votos previos.
También es reseñable que la ministra Piña tenga una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial federal. Escaló eslabón tras eslabón hasta volverse ministra: fue secretaria proyectista en un tribunal, secretaria de estudio y cuenta de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, jueza y magistrada (estos últimos cargos obtenidos mediante concursos de oposición). No es casualidad que uno de los ejes de su programa de trabajo para postularse a la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –no olvidemos que quien preside uno dirige el otro– haya sido la consolidación de la carrera judicial a partir de criterios meritocráticos, y la creación de un servicio civil de carrera para los funcionarios administrativos del CJF y de la Suprema Corte.
Además, en su plan de trabajo pone en el centro el tema de la protección a la independencia judicial. En particular, propone la implementación de medidas para asegurar la integridad física de los juzgadores, mecanismos para denunciar posibles actos indebidos y un fortalecimiento del procedimiento de investigación de responsabilidades administrativas. Al respecto, es interesante observar que la ministra Piña considera que la independencia judicial está “al servicio de la sociedad” y no de los funcionarios judiciales; es decir, que se debe concebir como una garantía que les permite a los juzgadores resolver con base en el derecho y los hechos, sin presiones.
Esto se enlaza con otro eje importante de su programa, que es el énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Para ello, propone transparentar la administración de los recursos financieros por parte del CJF y los procesos de designación de los consejeros de la judicatura a cargo de la Suprema Corte, así como la ruta procesal de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que conoce el máximo tribunal.
