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#ColumnaInvitada | Por fin: una presidenta en la Suprema Corte

Es una excelente noticia que una mujer llegue a la Presidencia de la Suprema Corte, por lo que simboliza: que las mujeres podemos ocupar los más altos cargos de decisión del país.
mié 04 enero 2023 06:30 AM
Protesta de la ministra Norma Piña
Toma de protesta de la ministra presidenta Norma Piña.

Este lunes, la ministra Norma Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en presidir el Poder Judicial de la Federación.

Por supuesto, es una excelente noticia que una mujer llegue a la Presidencia de la Suprema Corte, por lo que simboliza: que las mujeres podemos ocupar los más altos cargos de decisión del país. La propia ministra, en su primer discurso tras el nombramiento, lo apunta, añadiendo un guiño muy interesante, pues reconoció “la determinación por romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal” que demostraron sus compañeros ministros y ministras. Es decir, que ese logro no ha sido solamente suyo, sino que sus pares lo permitieron, al ser congruentes con las decisiones que han tomado a favor de la paridad de género.

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La buena noticia no se agota en el símbolo. La que llegó al cargo no es cualquier mujer. La ministra Piña tiene un récord de votos en asuntos relacionados con la defensa de los derechos de la mujer (recordemos en particular sus argumentos a favor de la legalización de la interrupción del embarazo) y de los derechos humanos (se pronunció a favor de invalidar la prisión preventiva oficiosa ). Con todo, lo más destacable es que ha tenido congruencia en sus criterios. De hecho, es conocida en la Corte por su buena memoria y porque no duda en llamar la atención de sus compañeros ministros cuando éstos tienen posturas que parecen inconsistentes con el sentido de sus votos previos.

También es reseñable que la ministra Piña tenga una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial federal. Escaló eslabón tras eslabón hasta volverse ministra: fue secretaria proyectista en un tribunal, secretaria de estudio y cuenta de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, jueza y magistrada (estos últimos cargos obtenidos mediante concursos de oposición). No es casualidad que uno de los ejes de su programa de trabajo para postularse a la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –no olvidemos que quien preside uno dirige el otro– haya sido la consolidación de la carrera judicial a partir de criterios meritocráticos, y la creación de un servicio civil de carrera para los funcionarios administrativos del CJF y de la Suprema Corte.

Además, en su plan de trabajo pone en el centro el tema de la protección a la independencia judicial. En particular, propone la implementación de medidas para asegurar la integridad física de los juzgadores, mecanismos para denunciar posibles actos indebidos y un fortalecimiento del procedimiento de investigación de responsabilidades administrativas. Al respecto, es interesante observar que la ministra Piña considera que la independencia judicial está “al servicio de la sociedad” y no de los funcionarios judiciales; es decir, que se debe concebir como una garantía que les permite a los juzgadores resolver con base en el derecho y los hechos, sin presiones.

Esto se enlaza con otro eje importante de su programa, que es el énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Para ello, propone transparentar la administración de los recursos financieros por parte del CJF y los procesos de designación de los consejeros de la judicatura a cargo de la Suprema Corte, así como la ruta procesal de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que conoce el máximo tribunal.

 

También sugiere que sean los ministros y ministras quienes decidan publicar sus proyectos de resolución, acto que hoy depende del acuerdo del Pleno. Esto parte de la convicción de que “el más mínimo cuestionamiento de opacidad tiende a permear y afectar la legitimidad social de todo el Poder Judicial de la Federación en su conjunto”.

Por lo demás, la ministra Piña estima que la política de combate a la corrupción emprendida hasta ahora principalmente en el Consejo de la Judicatura tiene que ampliarse a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, propone crear una Comisión Anticorrupción del PJF que permita “armonizar la aplicación en la institución del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción para otorgar certidumbre en el combate a estas conductas”.

Finalmente, otro aspecto destacable de su proyecto es el énfasis en el uso de las nuevas tecnologías para, primero que nada, ampliar el acceso a la justicia mediante el impulso a los trámites a distancia, pero también con el objetivo de eficientar el trabajo administrativo y jurisdiccional.

Todos estos puntos son buenos augurios, en especial en el presente contexto de ataques reiterados al Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Por supuesto, queda por ver cómo la presidenta Piña implementará las acciones inscritas en su plan de acción y de qué forma sorteará los posibles ataques del presidente de la República. Al respecto, el carácter fuerte de la ministra, que hasta le valió el apodo de la Motomami del Poder Judicial, nos permite ser optimistas. Sin duda, vienen años interesantes para el Poder Judicial.

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Nota del editor: * Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Agradece las revisiones de Pablo García y Octavio Ortega.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

 
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