Resulta contradictorio al grado del insulto que mientras muchos científicos y profesores de educación superior vivan de manera muy estrecha, al Presidente y su gobierno les parezca buena idea transferir miles de millones de pesos a la Federación, que seguramente está utilizando esos recursos de manera discrecional.
Hoy en día, la cereza en el pastel oscurantista es la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que el Jefe del Ejecutivo presentó recientemente al Congreso de la Unión para su aprobación. En la Ley se plantea un cambio de nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el de Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Este órgano tendría una nueva gobernabilidad diferente a la del CONACYT, que era incluyente y participativa.
Se propone que haya un Consejo Nacional que contará con una Junta de Gobierno, integrada sólo por Secretarías de Estado, dando sólo voz pero no voto a académicos, científicos, humanistas, tecnólogos e innovadores. Esto es un grave retroceso respecto del modelo de gobernanza actual, donde en el máximo órgano de autoridad del CONACYT había representación, no sólo con voz sino con voto, de los que se dedican al quehacer científico y tecnológico. Con este cambio importantes decisiones corresponderían solo a funcionarios, desconectados del quehacer científico y, al menos hoy, con un sesgo ideológico evidente, y que tomarían decisiones alejadas del interés de la comunidad científica del país.
Otra área de gran preocupación es la transformación del Sistema Nacional de Investigadores, que antes se fundaba en estrictos estándares de calidad evaluada por pares, a un modelo donde reina la subjetividad y que supone que la ciencia debe plegarse a criterios políticos. En la nueva Ley incluso se establece que los apoyos a científicos dependerán del "comportamiento ético de las personas solicitantes". Pero ¿quién y cómo se determina el comportamiento ético de alguien? Esto abre lugar a una gran discreción por parte de una institución que, en su nueva Ley, habla de "una ciencia neoliberal".
