Los posicionamientos realizados desde el Poder Legislativo han causado gran revuelo, especialmente porque en paralelo, las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha ido en el sentido de que existe un “acuerdo de gobernabilidad entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de aquí hasta 2024, que incluye revivir la reforma eléctrica y amarrar la reforma electoral”.
Aunque AMLO descartó resucitar la Reforma Eléctrica, todo esto ocurre, después de que al PRI le “torcieron la mano” para apoyar la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y que prolonga el uso de militares en tareas de seguridad pública.
Se ha filtrado que temas como la elección de consejeros y magistrados por voto popular, así como la reducción en la integración de ambos órganos, parecen propuestas descartadas, no obstante, lo cierto es que la incertidumbre prevalece: la coalición opositora quedó rota, el PRI pactó impunidad para su dirigente y el presidente tiene nuevamente la sartén por el mango en las Cámaras. Vale la pena poner atención en algunos temas que podrían tener igual o incluso una mayor repercusión política.
Preocupa la propuesta de López Obrador, enfocada a reducir, del 40% actual, al 33% de participación ciudadana, para que la Revocación de Mandato sea vinculante. Disminuir este umbral podría generar incentivos perversos para que la oposición busque desestabilizar al próximo gobierno, con la intención de posteriormente “tirarlo” gracias a este procedimiento.
De aprobarse la citada propuesta, es probable que en el próximo sexenio -especialmente si quien resulta electo gana por una ligera minoría- tenga que enfocarse en la supervivencia de corto plazo, por encima de visiones de mediano y largo plazo. Aunque en el discurso suena interesante la idea de que el pueblo pueda quitar a un mal gobernante, al mismo tiempo, el mecanismo podría promover que la clase política se enfoque más en impedir que alguien pueda gobernar correctamente.
Una situación similar podría presentarse con la figura de “vicepresidente de la República” que anunció hace algunos meses el PRI, como parte de su iniciativa de Reforma Electoral. Hace muchos años esta institución fue suprimida del texto constitucional, pues quien ocupaba dicho cargo, al ser el segundo competidor más votado, se convertía inmediatamente desde dentro del propio gobierno, en el principal opositor del presidente.
