El presidente Andrés Manuel López Obrador mintió cuando dijo que “en este gobierno ya no se espía a nadie, estas prácticas deben desaparecer”. La realidad es que esta administración espía a opositores y a quienes considera sus enemigos. Esto va desde feministas hasta activistas.
Como lo han hecho saber distintos medios de comunicación que han tenido acceso a correos gubernamentales, se vigila a colectivos feministas y se les clasifica como subversivos o anarquistas.
Increíblemente, también organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro Agustín Pro Juárez están en la mira. Los consideran grupos de presión, en lugar de defensores de derechos humanos.
La labor que hacen estas organizaciones es defender los derechos de los mexicanos que son, lastimosamente, vulnerados. Pero tal parece que eso es lo que más le molesta al gobierno de López Obrador y por ello los hostiga.
El Estado vigila a las organizaciones sociales y los declara enemigos por el sólo hecho de pensar diferente. Qué lamentable que este régimen se parezca tanto a los que existían en 1968 o en 1971, un grave retroceso.
Será importante conocer el contenido de esos seis terabytes de información que le fue hackeada al gobierno de nuestro país. Es de interés de todos saber:
1. Cómo han usado y tirado los recursos de los mexicanos en las obras inútiles que Morena se ha encaprichado en hacer.
2. Qué tan documentado tienen los daños ambientales que están causando el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
3. Las diferencias y coincidencias de posiciones entre la administración de López Obrador y el Ejército.
4. Qué información se tiene sobre las masacres perpetradas en este sexenio y sobre quiénes son los responsables.
5. Los implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
6. La información e investigación sobre opositores y periodistas.
Ya el presidente López Obrador ha dicho que estos documentos son verídicos.
Y por supuesto, urge que las autoridades de procuración de justicia investiguen el espionaje realizado por el gobierno a través de Pegasus y se sancione a los servidores públicos responsables.
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Nota del editor: la autora es senadora del PAN; preside en esa cámara la Comisión de Derechos Humanos.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.
