Con ese malware –se añade– también se pudo tener acceso a las contraseñas guardadas en los teléfonos de las personas espiadas, activar el micrófono y la cámara de manera remota y “borrar cualquier rastro de la infección volviéndose casi indetectable”.
Según esta investigación, en la que también participaron Articulo 19 México y Centroamérica y SocialTIC, con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en colaboración con Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político, se encontraron evidencias de que en el actual gobierno se operó el software Pegasus de espionaje a por lo menos tres personas.
La información se hizo pública a través del portal “ ejercitoespia.r3d.mx ”, donde se recuerda que la empresa israelí creadora del software de espionaje, NSO Group, ha afirmado que solo vende sus productos a gobiernos.
En el caso de México, existe evidencia de que el gobierno de López Obrador “sí ha suscrito contratos” con compañías vinculadas con la venta del malware Pegasus, advierte la investigación.
Es el caso de Marco Antonio Suárez Cedillo, “quien aparece como representante legal de la empresa Diseños y Proyectos VME, que suscribió contratos y recibió pagos relacionados con Pegasus por parte del CISEN, la PGR y la SEDENA durante el sexenio pasado” y ahora se ostenta como representante legal de Comercializadora Antsua, proveedor desde diciembre de 2019 de un servicio de presunto “arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo”.
Antsua es la firma autorizada por NSO Group para ofrecer Pegasus en México. Sin embargo, el contrato se encuentra reservado por cinco años (hasta 2024 en que termina el sexenio) bajo presuntas razones de seguridad nacional”.
Además, se informa que el reciente hackeo del grupo Guacamaya presuntamente puso al descubierto que la Sedena adquirió un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” a Comercializadora Antsua, en abril de 2019, bajo el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019.
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“Contrario a las promesas del actual presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió durante este gobierno un sistema de monitoreo remoto de información a la empresa con representación exclusiva para vender Pegasus en México. Las evidencias también prueban que la Sedena ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato", exponen los autores.
Tras los elementos presentados, la investigación concluye que el gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México.