“Después de mi denuncia, en algún momento me dijeron que la ONU no quería crear una `cultura de soplones´”: James Wasserstrom, denunciante de corrupción en la ONU.
El problema de los denunciantes de corrupción, y en general de las personas que se atreven a reportar conductas ilegales, no es exclusivo de México. En nuestro país, sólo 4 de cada 100 actos de corrupción se denuncian y en otros lugares el tamaño del problema es similar.
De hecho, son pocos los países que cuentan con procedimientos de denuncia de corrupción eficientes y seguros, que informen claramente las autoridades y procesos para denunciar, que aseguren el anonimato de quienes reportan, así como protección y garantías de no represalias.
El problema ha alcanzado tal importancia a nivel global que cada vez más organizaciones internacionales, comunidades políticas de países y cortes internaciones reconocen el problema y desarrollan metodologías, procesos y recomendaciones para intentar mejorar la situación.
Con ello en mente, uno podría pensar que, dentro de esas organizaciones internacionales —tan preocupadas por incentivar la denuncia y proteger a quienes lo hacen— cuentan con procesos ejemplares, apropiados y eficaces, pero la realidad es muy distinta.
Tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de, entre otras cosas, mantener la paz y la seguridad internacional y proteger los derechos humanos. La ONU y sus agencias tienen un desafortunado historial de errores, omisiones e injusticias relacionados a su proceso de denuncia de actos de corrupción y de conductas ilegales.
James Wasserstrom, quien de 2002 al 2008 fue el encargado de supervisar que no se presentaran actos de corrupción en la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), obtuvo suficiente información para afirmar que altos funcionarios de la ONU habían cometido actos de corrupción, específicamente recibiendo sobornos de una empresa local para que les fuera adjudicado un contrato de construcción de una central eléctrica.
James decidió denunciar ante la Oficina de Asuntos Internos de la ONU, siguiendo el procedimiento establecido en la reglamentación y recibiendo la calidad de denunciante, lo que supuestamente trae aparejada una serie de garantías de confidencialidad. Sin embargo, al poco tiempo de haber denunciado, le iniciaron una investigación por mala conducta.
James cree que su participación en la investigación se filtró a sus superiores en la UNMIK. Finalmente, después de haber forjado una carrera profesional en la ONU, James fue despedido y su oficina desaparecida, no sin antes haber sido amedrentado por la policía de la ONU, que registró su departamento y su auto y puso su fotografía en carteles de “SE BUSCA”.
Pasaron varios años para que James pudiera encontrar nuevamente un trabajo. En un documental de la BBC que próximamente será estrenado, él mismo cuenta cómo fue hostigado, perseguido y calumniado por la ONU. James refiere que esta situación lo afectó mucho en todos los ámbitos de su vida personal y profesional, pero también señala haber sufrido un daño psicológico grande. Y no es para menos, imagínese que una organización del tamaño y con el poder de las Naciones Unidas le persiga y lo difame sin tregua.
James no claudicó y comenzó una batalla legal que duró varios años, pero que rindió sus frutos: la Oficina de Ética de la ONU dictaminó que James fue “maltratado” por la organización, aunque no se le concedió que hubiese sido como represalia por haber denunciado actos de corrupción contra altos funcionarios. Asimismo, el Tribunal Contencioso-Administrativo de la ONU determinó que los mecanismos de denuncia y de protección de los denunciantes estaban “fundamentalmente defectuosos”.
El caso de James Wasserstrom dejó ver que esos defectos derivan no sólo de los procesos, sino de la posibilidad de que altos funcionarios de la ONU, incluido el Secretario General, intervengan para socavar las investigaciones y proteger a los que delinquen y no a los que denuncian.
El caso de James Wasserstrom es uno de cientos en los que se han cometido injusticias y abusos en contra de quienes se atreven a denunciar corrupción, ilegalidad y deshonestidad dentro de la ONU, organización que por definición debería hacer justamente lo contrario. Si esto pasa en organizaciones internacionales que tienen los ojos del mundo encima, imagine lo que pasa en una oficina de un gobierno municipal, estatal y hasta en el federal. La experiencia de Wasserstrom se repite una y otra vez en nuestro país con idénticas consecuencias.
La corrupción no va a disminuir mientras no desarrollemos los procesos básicos de protección de los denunciantes, garanticemos la confidencialidad de sus datos y contemos con órganos jurisdiccionales especializados e independientes ante quienes acudir cuando la maquinaria del estado aplasta a quienes deberían ser protegidos, reconocidos y remunerados por denunciar actos de corrupción.
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Nota del editor: María de los Ángeles Estrada es Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
