La Cumbre de las Américas es el encuentro político más importante del hemisferio Occidental, en el que convergen jefes de Estado, representantes de los gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y multilaterales, sector privado, académicos, activistas y otros actores sociales importantes en el que se analizan los problemas de la región, se discuten y se presentar recomendaciones para abordar y, a la postre, solucionar las problemáticas.
En esta IX Cumbre de las Américas, quienes tuvimos el honor de formar parte de los grupos de trabajo, reflexionamos profusamente sobre una de las problemáticas más recurrente, transversal y encarnada en el hemisferio, la corrupción.
El problema de la corrupción en el continente ha sido una constante a lo largo de los años y sus efectos son aún más visibles y adversos durante y después de la pandemia por COVID-19. La corrupción ha sido abordada en otras cumbres, sin embargo, en esta edición pusimos hincapié en la figura de los denunciantes como un elemento de trascendencia hemisférica para prevenir y combatir la corrupción.
Un denunciante es alguien que reporta la malversación, el fraude, el abuso, la corrupción o la afectación a la salud y a la seguridad pública, frente a una autoridad con la capacidad de investigar y, en su caso, sancionar la irregularidad.
No obstante la gran cantidad de casos de corrupción en la región y sus incalculables consecuencias especialmente en Centro y Sudamérica, los denunciantes ocupan un lugar poco privilegiado en la legislación y en la sociedad. Por ello, dentro de las recomendaciones que construimos colaborativamente, dirigidas a los jefes de estado de las Américas, incluimos varias relacionadas con el fortalecimiento y reconocimiento de los denunciantes.
En el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática de Sudamérica, en la sección referente a los compromisos con los Derechos Humanos, propusimos elaborar un programa interhemisférico para evaluar las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos, así como incentivar la denuncia y establecer medidas de protección a denunciantes de corrupción, así como a sus víctimas.
En la sección sobre los compromisos en materia de Transparencia y Anticorrupción, propusimos establecer medidas y sistemas que incentiven y recompensen la denuncia de corrupción, especialmente en lo que se refiere al lavado de dinero generado por actividades ilícitas.
Asimismo, instamos a los jefes de gobierno a instaurar medidas que brinden protección a la confidencialidad de quienes denuncian, así como medios de defensa contra posibles represalias, intimidaciones, uso de la fuerza o amenazas. Otra recomendación es garantizar el acceso a tribunales imparciales para resolver las denuncias, así como diseñar y desarrollar una guía que contenga buenas prácticas internacionales, desagregadas por diferentes variables, enfatizando las desarrolladas en la región con respecto a la denuncia de hechos de corrupción e indicadores para medir la eficiencia de los procesos de denuncia.
Pero el fortalecimiento de los denunciantes no puede estar completo sin la intervención de la sociedad civil, por ello recomendamos a los jefes de Estado a desarrollar, en colaboración con organizaciones que trabajan el tema de la corrupción, el conocimiento en materia de prevención, detección, investigación, sanciones, resarcimiento a las víctimas y protección de los denunciantes.
