Las agresiones que presenciamos la semana pasada por parte de grupos criminales en Tijuana, Juárez y varias ciudades de El Bajío son evidencia de que el actual gobierno también ha fracasado en materia de seguridad pública.
El crimen organizado está muy fortalecido: el “abrazos, no balazos”, las reuniones diarias antes de las conferencias mañaneras, el “becarios sí, sicarios no” y la creación de una nueva corporación –la Guardia Nacional– no han servido para enfrentarlo con éxito.
Durante más de una década el oficialismo en turno (primero el de Calderón, luego el de Peña Nieto y ahora el de López Obrador) nos ha repetido una y otra vez que necesitamos al Ejército. La militarización, sin embargo, no ha dado resultados. Y esto se debe a tres razones.
La primera es que la intervención de las fuerzas armadas tal vez pueda justificarse como una medida temporal de emergencia, en determinado momento o por circunstancias específicas, pero no constituye una solución de largo plazo. Por muy corrompidas que estén las policías locales, por mucho que sea el poder de fuego de la delincuencia, por amplio que sea su control de territorios o por diversificado que esté su portafolio de actividades ilícitas, en el fondo la seguridad pública no depende de la presencia de los soldados sino de la fortaleza de las instituciones.
Esto no es de hoy. En los sexenios pasados hubo apuestas por depurar y profesionalizar a las policías, por reformar el sistema de justicia, por delinear un horizonte en el que la seguridad pública volviera al ámbito civil y la milicia regresara a los cuarteles. El problema es que en este sexenio ese horizonte ha desaparecido por completo.
La segunda razón es que los “golpes estratégicos” tienen un innegable impacto mediático y político, pero difícilmente alteran las causas y condiciones que explican la violencia criminal. ¿Cuántos operativos y despliegues militares se han realizado durante los últimos 15 años? ¿Cuántos patrullajes y enfrentamientos? ¿Cuántos capos han sido aprehendidos o abatidos? ¿Cuántos cárteles desmantelados? ¿Cuánta droga y armamento se han decomisado? ¿Cuántos anuncios de cooperación internacional, cuántas declaraciones bienintencionadas y grandilocuentes que desembocan… pues en dónde estamos ahora? Esta película ya la vimos varias veces y siempre termina igual.
Peor aún, durante esta administración, militarista como ninguna de las anteriores, la gobernanza criminal ha crecido a pasos agigantados. No solo por la pandemia, sino como respuesta a la estrategia de un gobierno (es un decir) carente de cualquier capacidad disuasoria, que pretexta “humanismo” para no cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía y sobre la que pesan múltiples y fundadas sospechas de tolerancia e incluso de complicidad con la delincuencia. Lo sorprendente, siendo sinceros, no es que la violencia se esté descontrolando; es que todavía haya quienes mantienen la expectativa de que este gobierno sabe, puede o quiere controlarla.
La tercera razón es que el lenguaje de la inevitabilidad es un lenguaje profundamente autoritario: impide una valoración rigurosa de los resultados, asume que no existen alternativas, se niega a aprender de la experiencia acumulada. ¿Por qué? Porque cuando uno concluye que solo existe un único camino y no hay de otra, ya no importan los resultados, las alternativas ni la experiencia.
Llevamos más de dos sexenios militarizando la seguridad pública y el saldo está a la vista. No es normal insistir en que para salir del hoyo en el que estamos metidos es indispensable seguir cavando.
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