Pese a que el reglamento interior del CSG establece que el órgano colegiado debe sesionar al menos dos veces al año, en lo que va de 2022, el Consejo no se ha reunido. La Ley General de Salud y el mismo reglamento no contemplan plazos precisos para la designación de un nuevo secretario por parte del presidente para suplir al Dr. Santos Preciado. Por el momento la Secretaría de Salud designó ya a un encargado de despacho; sin embargo, estos cambios invariablemente significarán el retraso de la discusión de los temas que competen al Consejo.
Si bien los recientes cambios eran esperados, los hechos terminan confirmando las sospechas sobre la intromisión de la Secretaría de Salud en el quehacer del Consejo y con ello la defensa e impulso de los intereses de la dependencia federal frente a los del Consejo.
Esta situación coincide, además, con la disminución de atribuciones de otros órganos o subsecretarías internas de la Secretaría de Salud. En un anteproyecto publicado en Conamer en el mes de junio, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dirigida por el Dr. Hugo López-Gatell, asumiría diversas facultades que correspondían a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dependencia acéfala desde la renuncia de la Dra. Asa Cristina Laurell en junio de 2020.
Las facultades que quedarían a cargo de la subsecretaría dirigida por el Dr. López-Gatell conforme al anteproyecto incluyen:
i) presidir el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud; y
ii) emitir y coordinar la expedición de normas oficiales mexicanas en materia de atención médica, formación de recursos humanos para la salud, infraestructura y equipamiento, así como para las tecnologías enfocadas en salud.
La Secretaría de Salud justificó la modificación reglamentaria como una acción alineada con la política de austeridad, buscando reducir el número de subsecretarías en la Administración Pública Federal. Sin embargo, persiste el riesgo de que dicha modificación derive en una mayor concentración de facultades para el subsecretario López-Gatell. Acción similar fue la del 19 de agosto del 2020 cuando se adscribieron a esta misma subsecretaría la COFEPRIS, la CONADIC, el CNEGSR, el CENAPRECE, el CENSIDA, el CENSIA, así como diversas direcciones generales.
En este contexto de concentración de atribuciones por la vía reglamentaria, contrasta el caso del Consejo, cuya creación y fundamento se encuentran en la Constitución, por lo que su eliminación requeriría una reforma constitucional. Situación que, según las experiencias recientes, no podrían lograr la bancada de Morena y sus aliados. No obstante, todas las facultades de este órgano se encuentran en la Ley General de Salud y una reforma legal para su debilitamiento podría ser perfectamente posible.
Es importante destacar que la facultad relacionada con la elaboración del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) —que hasta el momento corresponde al Consejo—, sería la “joya de la corona” para la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Es cierto que en los últimos dos años y medio el Consejo se desdibujó en medio de la pandemia y su manejo, pasando a segundo plano. Por ello generó altas expectativas el anuncio sobre su intervención en el análisis y diseño de una Política Nacional Farmacéutica en mayo de 2021, en conjunto con representantes de la industria, asociaciones y academia. En particular, sobre las posibles mejoras en materia sanitaria ante las deficiencias evidenciadas por la pandemia por COVID-19 y con la atropellada implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
