Morena ya anunció que impugnará los resultados de los comicios por la gubernatura en Aguascalientes y Durango, acusando una “elección de estado” e intimidación. La alianza Va por México, por su lado, impugnará la elección de Tamaulipas, argumentando el “uso y abuso de los programas sociales” y “el pacto (de Morena) con el crimen organizado”.
Nuestro sistema electoral fomenta la litigiosidad. Esto es un arma de dos filos. Quizá se pensó como mecanismo para dotar de certidumbre los comicios, pero la experiencia nos ha mostrado que tantas impugnaciones no pueden ser señal de certeza, sino de desconfianza.
Se puede acudir a los Tribunales Electorales (locales y federal) para que juzguen un excesivo abanico de impugnaciones y, en muchos casos, la manera en la que se resuelve una controversia termina definiendo los resultados de las elecciones. En el caso particular de la participación de los grupos delincuenciales, la incertidumbre es aún más evidente.
Por ejemplo, en octubre del año pasado, el magistrado presidente Reyes Rodríguez declaró que el TEPJF había resuelto más de 18,232 impugnaciones, derivadas del proceso electoral 2020-2021. Este año, con motivo del proceso de revocación de mandato, las elecciones locales estuvieron marcadas por los constantes roces entre Morena, el gobierno federal y el INE debido a la violación de las reglas en materia de propaganda gubernamental y la intervención indebida de actores políticos y funcionarios públicos relevantes en las elecciones locales.
El INE recibió (hasta abril) casi 200 quejas y emitió más de 25 medidas cautelares, en contra de funcionarios públicos, legisladores y gobernadores. Fue justamente en Tamaulipas donde se presentaron más incidencias, un total de 106, de las cuales 22 estuvieron relacionadas con la obstaculización o interferencia en la jornada por parte de actores externos. Una gran cantidad de denuncias terminaron en el Tribunal (primero en la Sala Regional Especializada y luego en la Sala Superior).
Así las cosas, no todo está dicho respecto de los comicios del 5 de junio. El árbitro electoral cumplió su parte. Ahora le toca al Poder Judicial hacer la suya. Y no es tarea fácil. Los jueces electorales deben interpretar de la mejor manera posible una legislación ciertamente complicada y proteger los derechos político-electorales, todo ello dejando de lado cualquier tipo de influencia personal, política o partidista. No sólo eso: también están obligados a resolver los casos en tiempo récord y a cuidar que los criterios plasmados en las sentencias sean congruentes y no se contrapongan entre sí.
Además, cuando se involucran argumentos sobre la injerencia del crimen organizado, el reto es más complicado aún. Entra en juego el material probatorio (de suyo muy difícil de conseguir) para acreditar tal intervención y, luego, se debe determinar si la participación de los grupos delincuenciales fue trascendente para el resultado de la elección.
Hace apenas unos meses, al validar las elecciones de gobernador en San Luis Potosí y Guerrero, y de ayuntamientos en Michoacán —en las que se había argumentado gastos por encima de los topes de campaña y financiamiento ilegal—, la Sala Superior del TEPJF determinó que, pese a que se logró acreditar en algunos casos la “incidencia focalizada” del crimen organizado en ciertas regiones, no se hallaron elementos suficientes para anular la elección. Así, pese a que en la elección de 2021 se registraron niveles importantes de participación del crimen organizado, ninguna contienda relevante fue anulada por esa causa.
