Aunado a esto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido que los acuíferos del país se están quedando sin reservas debido a que son sobreexplotados para atender las demandas regulares de agua.
En este contexto, el pasado 3 de febrero, Nuevo León vivió una de las crisis más agudas en su historia, tras emitir una Declaratoria de Emergencia por Sequía Extrema. En consecuencia, el gobernador, Samuel García anunció un "Plan Maestro del Agua para Nuevo León", con la intención de garantizar el abasto en el estado durante los próximos 50 años, a través de una inversión de 25,000 millones de pesos en proyectos de agua.
El plan incluye aumentos en la tarifa, la instalación de un suministro controlado, la imposición de nuevos horarios escolares, la implementación de reductores de presión, así como la construcción de infraestructura, entre otras medidas a mediano y largo plazos.
Derivado de la escasez de agua en la entidad, los reclamos sociales y críticas a la iniciativa privada salieron a la luz, por parte del presidente López Obrador, así como de actores sociales, y autoridades federales y estatales. Ejemplo de ello fue cuando el mandatario hizo un llamado a las empresas de Nuevo León para que reduzcan su consumo de agua y la destinen a la población, pese a que empresas como Heineken, Grupo Alfa o Grupo Modelo han mostrado disposición al diálogo y a buscar soluciones viables al estrés hídrico.
Ley General de Aguas
En este contexto adverso, se inscribe el actual proceso de creación de la nueva Ley General de Aguas (LGA), el cual inició hace más de nueve años, pues en 2012 la Cámara de Diputados reformó la Constitución para incorporar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, reconocido por la ONU en 2010, y se ordenó al Congreso de la Unión emitir una LGA en un plazo de 360 días, lo que no ha sucedido.
Desde entonces, se han inscrito diversas iniciativas para crear la nueva Ley, entre las que destacan las promovidas por el exdirector de la Conagua, David Korenfeld (2015), la organización Agua Para Todos, Agua Para la Vida (2015-2019), el Grupo Parlamentario de Morena (2020), y la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados (2020).
Pese a ello, los trabajos en el Congreso no mostraron avances significativos, pues fue hasta la última reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, celebrada el pasado 28 de junio, cuando se anunció el inicio de los trabajos legislativos a fin de cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ordenó al Poder Legislativo emitir la nueva Ley antes del 15 de diciembre de este año.
Se espera que la discusión de la nueva legislación se base en la regulación y revisión de las concesiones, fomentar la participación ciudadana, así como en la necesidad de reestructurar y crear nueva infraestructura hidráulica. Otros temas que podrían abordarse son:
- Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a las aguas en sus territorios;
- Definir las competencias, organismos e instancias de coordinación en materia del agua;
- Modificar la integración de los consejos de cuenca;
- Regular las aguas residuales y establecer los parámetros de calidad de agua que deberán cumplir los concesionarios; e
- Implementar infracciones, sanciones y medios de defensa en materia de agua.
