Primer flanco: algunas mujeres reaccionaron destacando que el ministro es un gran aliado de la igualdad, particularmente por el trabajo que realizó para lograr -en 2021- que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) despenalizara -por unanimidad- el aborto, abriendo el camino a su legalización sin restricción alguna, hasta las 12 semanas de gestación, en todo el país: hoy así ocurre en Baja California, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Sinaloa; no obstante, otras mujeres observaron en la iniciativa sobre el Feminicidio una “actitud oportunista” del magistrado.
El proyecto tomó como ejemplo la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas, pero de acuerdo con la abogada Claudia Almaguer, no aporta y en cambio duplica lo que contemplan ya diferentes normas en el país; en tanto que Andrea Medina Ramos, quien participó en la elaboración de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida de Violencia en 2007, la Ley Modelo no aplica en México, porque se diseñó para países que cuentan con una legislación independiente para el feminicidio.
La iniciativa del ministro busca, entre otras medidas, homologar la tipificación de ese delito en el país, que -de acuerdo con un estudio de Almaguer- registra grandes discrepancias en su conceptualización de un estado a otro.
El segundo flanco de polémica se abrió por la irregular presentación pública del proyecto de ley entregado por el ministro al Congreso, cuando la SCJN carece de facultad para iniciar leyes o decretos, lo cual podría ser un acto simbólico para reabrir el debate sobre la pertinencia de conceder al Poder Judicial esa facultad legislativa.
La Corte no tiene facultades para presentar iniciativas, pero presenta este proyecto de reforma constitucional, a fin de colaborar a frenar la ola de feminicidios a través de protocolos de investigación y de sanción homologados, admitió el ministro. “Me voy a permitir hacer entrega de este proyecto de iniciativa a la señora presidenta del Senado; al señor presidente de la Cámara de Diputados, con la idea de que algunas legisladoras o legisladores, si consideran tiene méritos, lo puedan hacer suyo”, dijo y adelantó que también lo hará llegar al Ejecutivo federal. En el Poder Judicial “haremos lo que nos toca, ya que todos los poderes deben colaborar”, subrayó.
México tiene un diseño constitucional de separación de poderes y federal. En el artículo 49, la Constitución Política señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”.
El artículo 71 otorga la facultad de iniciar leyes o decretos a:
1) el Presidente de la República;
2) los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión,
3) las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y
4) a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores; pero desde hace al menos 12 años el Congreso ha recibido propuestas para que se faculte al Poder Judicial a presentar iniciativas legislativas relacionadas con sus competencias, como ocurre a nivel local en todas las entidades del país.
