El asesinato de 18 niños y tres profesores en la pequeña ciudad de Uvalde, cala profundamente en toda la comunidad mexicana en Estados Unidos y a lo largo de nuestras 10 ciudades transfronterizas. A tan solo una hora de Coahuila, Uvalde es un pequeño poblado de alrededor de 17,000 personas, una comunidad profundamente latina, en su gran mayoría mexicana, trabajadora, de habla hispana, que comparte lazos culturales con Ciudad Acuña y Piedras negras. Una ciudad que representa la vida de más de 36 millones de mexicanos y el sueño americano.
Tanto la masacre de El Paso, donde ocho mexicanos fueron brutalmente asesinados y siete críticamente heridos, como la de Uvalde, son resultado de un irresponsable marco legal que permite a un adolescente adquirir un rifle de asalto tipo militar a sabiendas del daño que puede causar. Estados Unidos se encuentra secuestrado por el lobby armamentista, el cual, en su búsqueda de poder económico y político, ha desencadenado una profunda crisis de violencia relacionada con armas de fuego, causado 212 tiroteos masivos en lo que va del 2022, más de 40,000 muertes al año en promedio y 111 muertes al día.
Si aún quedara duda de cómo afecta toda esta violencia y la ausencia de controles de armas a nuestros paisanos, encontraremos que la tasa de victimización por homicidios para latinos en los Estados Unidos es casi el doble de la tasa correspondiente a la población blanca: 5.15 x 100,000 habitantes, comparado a los 2.6 x 100,000 habitantes. Cifras que vislumbran el daño desproporcional que sufren nuestros paisanos a la hora de hablar de las víctimas de esta industria.
Este ambiente de violencia impacta de igual manera a ambos lados de la frontera, siendo Texas el epicentro de la proliferación ilegal de armas a nuestro país. De acuerdo con datos del U.S. GAO, el 70% de las armas confiscadas a narcotraficantes mexicanos proviene de armerías en Estados Unidos, siendo Texas el principal estado de su proveniencia (41%).
Se estima que más de medio millón de armas cruzan la frontera de manera ilegal hacia nuestro país cada año. Un escenario conocido ampliamente por la industria armamentista, su poderoso lobby, encabezado por la Asociación nacional del Rifle (NRA), así como una gran parte de la clase política estadounidense que ignora deliberadamente la negligencia en la fabricación, venta y distribución de armamento militar a grupos criminales.
México continúa sufriendo olas interminables de violencia sin importar el partido que gobierne en turno, específicamente de violencia relacionada con armas de fuego. Donde a pesar de haber puesto fin a la catastrófica Iniciativa Mérida, la cual destinó 2.9 mil millones de dólares en inundar con armas a nuestras comunidades por más de una década, el trabajo en conjunto con distintas administraciones estadounidenses parece inútil si no viene acompañado de acciones concretas referentes a controles de armas en Estados Unidos.
La ciudad de Uvalde pide a Biden actuar para evitar más tiroteos en el país
En este contexto se gesta la demanda del Estado mexicano contra las empresas fabricantes en Estados Unidos, una ofensiva legal liderada por el Canciller Marcelo Ebrard, quien busca sentar un precedente al denunciar las conductas negligentes de las productoras, distribuidoras y vendedoras de armas, a sabiendas de la violencia generalizada y la pérdida de vidas que han causado a la región.
