Este fenómeno no es problemática exclusiva de México, sin embargo, en diversos países es práctica común que los gobiernos colaboren intensamente con el sector privado para impulsar proyectos de infraestructura de los más diversos géneros.
En México, la reciente escasez de inversión en obra pública se ha justificado por la falta de presupuesto y, aunque empieza a repuntar, hasta marzo de 2022, ésta sigue por debajo del promedio de la última década.
Actualmente el gasto público federal se ha concentrado en los programas de transferencia directas a ciertos sectores de la población y, si acaso, en algunas obras insignia de la administración federal en curso.
Al término del primer trimestre de este año la inversión pública cayó un 8% (13 mmdp), alcanzando apenas los 152.5 mmdp, lo cual es el menor registro que se tenga en una década. Ante esta realidad, resulta indispensable considerar otras opciones para que el país pueda construir la infraestructura requerida para hacer viable el desarrollo.
Una solución a esta situación sería relanzar las asociaciones público privadas (APP) que están contempladas en la Ley de Asociaciones Público Privadas desde 2012. En las APP se establece una relación contractual de largo plazo, entre alguna instancia del sector público y empresas del sector privado, para la construcción de infraestructura tendiente a prestar servicios al sector público o a los usuarios finales.
A través del modelo de APP se logra aumentar y mejorar la infraestructura para el desarrollo económico, los servicios públicos y en última instancia el bienestar social.
Las APP conllevan ventajas para la colectividad, ya que pueden emplearse para actualizar infraestructura antigua, o para nuevos proyectos. Por ello, cuando los gobiernos y el sector privado combinan sus habilidades y recursos, las responsabilidades y los riesgos se comparten y el gobierno se beneficia de la especialización empresarial en ciertos sectores o de tecnología desarrollada por el sector privado.
En México hay diferentes tipos de proyectos de APP que pueden ser realizados por dependencias de la administración pública federal, por fideicomisos públicos, por los estados, municipios y otros entes públicos con recursos federales.
Atendiendo a su fuente de financiamiento, los proyectos de APP pueden ser:
a) Puros, en el caso en que los pagos por los bienes y servicios públicos suministrados por el desarrollador privado provienen en su totalidad de recursos públicos de los gobiernos.
b) Mixtos, si los pagos provienen de recursos del gobierno y de las tarifas cobradas a los particulares.
c) Autofinanciables, en el caso de que los pagos provengan en su totalidad de las tarifas cobradas a los usuarios.
Los proyectos más comunes incluyen carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas de suministro hídrico, hospitales, estacionamientos y escuelas. Actualmente, el gobierno federal tiene proyectos estructurados con el modelo APP que ya están en ejecución y otros próximos a su materialización, lo cual es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, para que México se pueda beneficiar plenamente del modelo de las APP, se requiere que la planeación e implementación de proyectos tenga continuidad indistintamente del ciclo político o partido en el poder.
Es indispensable, además, contar con un marco legal e institucional estable y una sólida cartera de proyectos, y de manera muy relevante, que el gobierno esté abierto a interactuar con los interlocutores clave, tales como inversionistas, expertos y la sociedad civil.
Las APP representan una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y crear fuentes de empleo. Por una parte, las APP permiten una mejora importante en la experiencia de los usuarios ciudadanos.
Adicionalmente, las APP fomentan la innovación tecnológica que permite desarrollar proyectos de gran alcance técnico al abrir oportunidades para emprendedores e inversionistas, y da la posibilidad de acceder a financiamiento de organizaciones no gubernamentales internacionales para ciertos proyectos nacionales.
