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#ColumnaInvitada | Normalizar la violencia

Si un empresario monta un negocio su porcentaje de éxito es del 40 por ciento. Si un delincuente comete un delito tiene el 98 por ciento de posibilidades de salirse con la suya.
vie 20 mayo 2022 05:50 AM
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El presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una tabla con las cifras en materia de seguridad tras el inicio de la Operación Zacatecas, durante la conferencia matutina.

La principal obligación de un Estado es la de brindar seguridad a los ciudadanos. Esta obligación básica ha sido incumplida por el gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En consecuencia: nos encontramos en la antesala de un Estado fallido.

No se trata de una apreciación subjetiva ni de una opinión; los hechos hablan por si solos: casi 130 mil asesinatos en poco más de tres años de gobierno (la cifra más alta de nuestra historia reciente), un tercio del territorio mexicano bajo el control del crimen organizado, un policía asesinado cada día, la aprobación ciudadana respecto a la seguridad es apenas del 21 por ciento, 100 mil desparecidos, 58 periodistas muertos en cumplimiento de su trabajo, 11 mujeres asesinadas por día. Prácticamente todos los indicadores de violencia van al alza.

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Los criminales no se conforman con humillar y perseguir a los militares, atacan incluso los destacamentos del Ejército, secuestran a elementos de la Guardia Nacional para canjearlos por delincuentes en prisión. Los criminales actúan como si el Estado no existiera. Reitero: nos encontramos a pocos pasos de que nuestro País pueda calificarse conforme a los cánones internacionales, como en un Estado fallido.

El Presidente se desmañana cotidianamente para asistir a las reuniones del gabinete de seguridad. De nada ha servido ese ejercicio.

A los reclamos de la población el presidente ofrece sólo paliativos políticos, como lo es su intento de modificar a su favor la narrativa: si el Ejército no repele y responde las agresiones del crimen organizado –sostiene López Obrador– es porque “también cuidamos a los integrantes de las bandas, que son seres humanos”. Esta respuesta entraña varias falacias, a saber: primero, no se le pide al gobierno que mate a los delincuentes ni que viole sus derechos fundamentales, se le pide que los persiga, los consigne y los procese; segundo, al no enfrentar a las bandas no se está evitando el derramamiento de sangre, ya que los criminales en libertad siguen asesinando, secuestrando y extorsionando en las zonas que tienen bajo su control; y tercero, al “cuidar” de los delincuentes, se está permitiendo de facto que pisoteen las garantías de ciudadanos inocentes y que sigan asesinando impunemente.

Como sociedad no podemos permitir, como quiere el presidente, que se normalice la presencia y las acciones del crimen organizado.

Tomemos como ejemplo un elemento central de nuestra vida pública como lo son las elecciones. Sin voto libre no hay democracia y sin democracia se vive en un sistema autoritario donde rige no el Estado de Derecho sino la ley del más fuerte. En las elecciones intermedias de 2021 bandas criminales secuestraron a los operadores políticos opositores a Morena y los retuvieron hasta que concluyó la votación. No se trató de un hecho aislado, esto ocurrió en Colima, Nayarit, Michoacán, Sinaloa y Sonora. La prensa documentó estos hechos. No le correspondía al INE sino a la Guardia Nacional y otras corporaciones dotadas de la fuerza pública, preservar el orden previo a las elecciones. En esos estados se presenció un tácito abandono de parte de la Federación, una deliberada ausencia del Estado, que permitió que fuera el crimen organizado el que tomara en sus manos los resultados electorales al inhibir la participación de funcionarios y militantes de los partidos opositores al partido oficial.

Estamos hablando de un acto de complicidad entre el Estado y el crimen organizado, si no es que de la plena subordinación del Estado frente a los delincuentes, tal y como lo pudimos atestiguar cuando el presidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, que ahora mismo sigue en libertad y que usa esa libertad para seguir cometiendo delitos. ¿Si esto no es una clara evidencia de un Estado fallido, qué es?

El presidente afirma que hay que atacar las causas de la delincuencia repartiendo clientelarmente becas y apoyos sociales. Al respecto afirma Gabriel Zaid: “Una teoría simplona supone que los crímenes se explican por la pobreza”. Tal vez ocurra eso en los delitos de poca monta pero de ningún modo en los delitos mayores obra de la delincuencia organizada. Lo que estas bandas exhiben es poder, enormes recursos en armamento y vehículos, pero sobre todo, los crímenes perpetrados por estas bandas son realizados “desde la impunidad que da el poder” (G. Zaid, “Impunidad y caos”).

Esa impunidad, propiciada por el gobierno federal, esta abierta tolerancia con las acciones del crimen organizado, esos ostentosos convoys de autos blindados que se pasean por el territorio nacional sin que nadie los moleste, ha creado un clima de normalización de la violencia. Recientemente, desde la tribuna oficial de su conferencia matutina, el presidente se permitió felicitar a los delincuentes por haberse “portado bien” un fin de semana… un fin de semana en el que ocurrieron decenas de asesinatos.

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La impunidad en México ronda el 98 por ciento. Si un empresario monta un negocio su porcentaje de éxito es del 40 por ciento. Si un delincuente comete un delito tiene el 98 por ciento de posibilidades de salirse con la suya. No es “atacando las causas” como se va a solucionar el gravísimo problema de la delincuencia en México. Sólo se puede combatir el crimen cumpliendo la ley, haciendo valer el Estado de Derecho, persiguiendo y consignando a los delincuentes.

Normalizar la violencia es lo peor que le podría pasar a nuestra sociedad. No debemos permitirlo.

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El autor es Co-fundador de Sí por México.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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