Vaya que tenemos un alud de problemas en el país. No hay día desde el 2 de julio de 2018 que no se acumule una mala noticia derivada de pésimas decisiones en cuestiones de políticas públicas y tareas de gobierno.
En nuestras entregas previas hemos explorado, descrito y confirmado las increíbles pifias que han generado la devastación institucional, el deterioro patrimonial, la carencia sanitaria, la rampante inseguridad, y la violencia desatada, entre otras.
No vamos a repetir los detalles de tales caídas en este caso, pero es importante destacar que, si bien es cierto, muchos de los problemas provienen de temas que datan de sexenios previos, nunca se habían empeorado o agravado de esta manera. La tarea parece ser querer derrumbar al país y dejar un caos a su paso.
Y dentro de ese paupérrimo comportamiento hay algunas cosas que sí debemos enfatizar porque sus implicaciones pueden tener efectos no solamente trans sexenales, sino quizá incluso de impacto generacional. Tratarlo es inaplazable.
El caso concreto tiene que ver con el crecimiento evidente de la participación e impacto que la delincuencia organizada está teniendo en muchos aspectos de la vida del país. De nuevo no es que las organizaciones criminales no existieran antes de 2018, pero ciertamente no habían tenido el despliegue, impacto y visibilidad como hoy es una realidad.
La expansión se ha dado en forma tal que las bandas criminales se sienten con la tranquilidad y solvencia de abarcar actividades y territorios en los que tradicionalmente no habían incursionado.
Se ha generado un círculo perverso en que, por un lado, la diversificación de la operación delincuencial es exponencial y, por el otro, la autoridad, particularmente las fuerzas armadas y de seguridad federal, han sido instruidas de no agredir ni realizar acciones de contención y orden.
Bajo la efímera teoría de “abrazos, no balazos”, lo que se ha generado es un ciclo de no fijar límites a las tareas criminales, y como el ímpetu de dichos grupos es maximizar rentas y poder, la expansión es real.
Debemos agregar a dicha perversa inercia el hecho de que la fallida estrategia federal también se adereza de un perverso ingrediente – la evidente complicidad y tolerancia desde la más alta esfera del poder ejecutivo federal. El que el presidente haya saludado a la madre de uno de los capos en un camino vecinal, haya departido alimentos con dicha familia, y haya liberado de la detención a uno de los hijos del capo, son ejemplos muy graves de convivencia visible.
Pero además, y en forma muy destacada, en los días posteriores a las elecciones de 2021, el presidente dijo que “la delincuencia se portó muy bien”. Esta aseveración es de suma gravedad porque implica la admisión expresa por parte del primer mandatario, por una parte, que a las organizaciones delincuenciales se les debe reconocer y tolerar y, por la otra, que incluso les merece un calificativo positivo por su comportamiento.
Esa manifestación presidencial robustece y consolida el señalamiento de que para él al sector criminal no se le requiere atacar o menoscabar, sino más bien agradecer y confirmar como un aliado natural.
De hecho, que lo haya dicho en el contexto electoral es doblemente grave porque revela lo que muchos vimos y los partidos de oposición denunciaron en México y en el extranjero, la delincuencia organizada operó en favor de Morena y sus aliados en dicha contienda, y de hecho vulneraron el ejercicio al hacerlos partícipes de campañas, candidaturas y operación electoral.
Literalmente se metieron a las entrañas para ya no ser solo un factor de incidencia económica por sus propios negocios, sino ahora además como parte del aparato político y de definiciones de tareas públicas.
Abramos los ojos. Morena y sus aliados decidieron abrir las puertas a delincuentes a cambio de lograr victorias electorales. Les importó nada el que se pusiera en riesgo el sistema democrático del país, no tuvieron recato alguno en saber que dejarlos entrar puede significar el tener en los hechos el nacimiento de un narco-estado, y doblegaron la obligación más esencial de cualquier partido político y servidor público, proteger a la ciudadanía de los impactos de quienes hacen del delinquir su modo de operación y vida.
Entregaron la plaza a cambio de una victoria momentánea. Sacrificaron al país por su voracidad de poder. Pero no se dieron cuenta que con ello han puesto en riesgo a nuestra nación, porque al igual que con los excesos del militarismo, la vía de regreso a la normalidad democrática, civil y legal, será muy costosa y dolorosa.
No podemos aceptar que el presidente y Morena simpaticen y convivan con la delincuencia organizada y nos hagan pensar que es normal y natural comportarse de esa manera. El presidente ha despreciado la confianza que se le dio en las urnas en 2018 en mil y una formas, pero ninguna es quizá tan grave como el que hayan abierto las puertas institucionales a que la delincuencia organizada entre al Estado Mexicano.
Denunciemos y luchemos en contra de esta insana convivencia. No permitamos que se pierda nuestro país por una decisión abominable de quien ya no tiene límites en su desprecio por México.
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Notas del editor:
Juan Francisco Torres Landa es Miembro Directivo de UNE.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
