La bancada oficialista en el Congreso mayoriteó una reforma a la legislación electoral y de propaganda gubernamental para no acatar la veda que tanto gobierno federal, partidos políticos y gobiernos subnacionales deben acatar ante el ejercicio de revocación de mandato.
Esto fue en respuesta a los señalamientos del INE sobre violaciones tanto del presidente como de gobernadores estatales y legisladores federales de Morena, a la veda mediante propaganda oficial.
Al principio la reforma pasó de noche. Cuando se discutió y aprobó en Diputados fue de manera sorpresiva y saltándose el proceso legislativo. Cuando obtuvo atención pública ya era muy tarde.
Como era previsible, el Tribunal Electoral determinó que la reforma no puede aplicarse al proceso de revocación, debido a que no fue emitida con la suficiente anticipación que marca la legislación electoral. Esto no ha importado ni al presidente ni a su partido.
En realidad, esta reforma es una muestra más de que este gobierno, y sus partidos acompañantes, no tienen entre sus prioridades el respeto a la legalidad. Para ellos, la ley está en segundo plano. Por eso sí los comparamos porque han demostrado que sí son iguales, solo que más burdos.
También demuestra la manera en la que la 4T busca imponer reformas legales a modo, cuando la legislación no conviene a sus ideas o intereses personales o de grupo, que generalmente no están empatados con el interés general ni el bien común.
Refuerza la tendencia en esta administración de tratar primero de cambiar las cosas a su conveniencia por la vía de decretos o decisiones ejecutivas. Una vez que ven que no les es posible se tratan de mover al plano legislativo. Y aún en ese plano lo hacen mal y propician amparos.
El caso más claro es el energético. Particularmente en el sector eléctrico. Primero trataron de hacer modificaciones por decreto, no pudieron por amparos y mayoritearon reformas a la ley. También les ganaron en amparos y se movieron a una reforma constitucional, que al parecer no va a pasar.
La reciente reforma a la legislación electoral y de propaganda gubernamental refuerza esta tendencia. Y nuevamente es una reforma tan mal hecha que ya el Tribunal declaró su inaplicabilidad. Será tarea de futuros legisladores echarla abajo para que no aplique en futuros procesos.
Sin embargo, esta reforma puede verse más como una probada de lo que seguramente impulsarán en la tan mencionada propuesta de reforma electoral que el presidente planea enviar al Congreso en fechas próximas.
Una reforma constitucional que, como la eléctrica, seguramente no pasará. Pero generará demasiado ruido e incertidumbre durante su discusión. Otra herramienta más de la estrategia electorera del presidente para encender a su base social.
Como aquí mismo se ha dicho: es urgente una reforma política electoral que resuelva los entuertos y retrasos que provocó la reforma de 2013-2014, que nos echó para atrás décadas de avances en apertura y consolidación democrática.
Pero no es este presidente la persona visionaria que podría proponer una reforma sólida, seria, vanguardista y positiva. Todo lo contrario, lo que se espera que venga en su propuesta serán elementos anacrónicos, tendientes a la centralización y al rezago.
En todo este contexto, los partidos políticos de oposición siguen completamente perdidos. PAN y PRI, que impulsaron la reforma de 2013-14, no han sido capaces ni de resolver sus problemáticas y pugnas internas. Mucho menos de pensar en el país y nuestro sistema democrático. El PRD dejó de existir y nadie les avisó. Y MC no tiene fuerza para hacer algo solo.
Los frentes que abrirá el presidente con su iniciativa de reforma electoral serán por demás riesgosos. En el ámbito comunicacional, su gran fuerte, pondrá en duda a todas las instituciones electorales, y en general a las instituciones democráticas.
La narrativa y el discurso, para variar, le darán gasolina electoral. Como siempre, la opinión pública se volcará en la agenda presidencial, dándole el megáfono completo. Y seguiremos distraídos de los temas centrales e importantes, y de las incapacidades gubernamentales para atenderlos.
Más allá de los logros comunicacionales que tendrá el presidente con la iniciativa de reforma, la cual esperemos que la oposición en bloque obstaculice, hay una aduana fundamental que debemos cuidar en la vida democrática de México: el cambio de cuatro consejeros del INE.
En 2023 se tienen que nombrar cuatro nuevos consejeros; dos de los salientes son justamente el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el polémico Ciro Murayama. Los cuatro que se van son de los más experimentados en el Consejo General actual.
Si la llamada 4T logra imponer personajes cercanos, se estará desestabilizando de manera importante al Instituto, que hasta el momento ha sorteado exitosamente los embates presidenciales y se mantiene con altos niveles de confianza ciudadana.
Esta es la aduana en la que tenemos que poner todas las pilas como sociedad. La estabilidad democrática de México estará en juego con el nombramiento de los nuevos Consejeros. Es aquí donde como sociedad debemos dar la batalla completa.
Afortunadamente se requiere votación de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y la llamada 4T ya no cuenta con las dos terceras partes. Pero hará todo lo posible por coercionar votos opositores. La prueba estará en la capacidad de los partidos de oposición de evitar imposiciones.
Como sociedad habrá que presionar para que el proceso se desahogue de manera correcta. Que el Comité Técnico de Selección esté bien conformado. Que los propuestos por CNDH, INAI y JUCOPO sean perfiles profesionales e íntegros.
Que se registren aspirantes probos, experimentados e imparciales. Que las quintetas para cada una de las cuatro posiciones contengan a profesionales sin conflictos de interés ni cooptación. Solo con presión social se logrará un proceso adecuado para evitar una crisis del INE.
Esperemos que sociedad civil, medios, empresariado y oposición sepan entender la batalla y darla.
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