Aunado a ello se vetó a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país: Grufesa, Dimesa y Maypo, ante acusaciones por presunta corrupción y prácticas monopólicas.
La falta de planeación estratégica en la implementación de estos nuevos procesos y la experiencia cuestionable de los nuevos tomadores de decisiones derivaron en fallas en los procesos de adjudicación y distribución de medicamentos, lo que generó altos índices de desabasto y claves desiertas.
Al respecto, el Colectivo Cero Desabasto y el Instituto Farmacéutico (INEFAM) señalan que hubo un aumento de 188% en el número de reportes por desabasto entre el primer y segundo cuatrimestres del 2021, ubicándolo como el peor año en abasto de medicamentos en la historia del país. Adicionalmente, 59.9% de las claves solicitadas durante 2021 se declararon desiertas.
El desabasto se ha dado principalmente en medicamentos de alta especialidad, como tratamientos oncológicos, de VIH, cardiovasculares y para trasplantes, situación que afecta tanto a pacientes y grupos vulnerables como a profesionales de la salud, quienes enfrentan duras condiciones de trabajo.
En consecuencia, el gobierno se vio obligado a realizar compras de emergencia para tratar de garantizar el abasto, lo que derivó en un aumento del uso de contratos por adjudicaciones directas, para buscar reducir los tiempos de entrega, reemplazando los procesos de licitación.
Datos de Impunidad Cero y Justicia Justa revelan que, los contratos de medicamentos y productos farmacéuticos fueron el concepto con mayor monto de adjudicaciones directas dentro de las compras públicas en 2021, con 91.5% de contratos bajo este esquema.
El objetivo de las instituciones es adquirir bienes de la mayor calidad al menor precio posible, por lo que la sustitución de los procesos de licitación por adjudicaciones directas en la compra de medicamentos incurre en los siguientes riesgos:
1) reducción en la participación y competencia de proveedores;
2) impacto en la calidad, efectividad y precio de los insumos adquiridos; y
3) mayor opacidad y discrecionalidad en los procesos de compra.
El no utilizar procesos de licitación y estudios de mercado previos merma la posibilidad de obtener precios más competitivos. Así lo señala el INEFAM, al reportar que el incremento de los costos por adjudicaciones directas es por lo menos del 20%. De igual forma, los criterios de selección de medicamentos no necesariamente se sustentan en la efectividad y calidad de los productos, sino en factores externos y volátiles como la disponibilidad inmediata de los insumos o la cercanía, acceso e influencia con los compradores.
Además de los sobrecostos, la falta de transparencia resulta preocupante, pues el uso de adjudicaciones directas aumenta la discrecionalidad en la toma de decisiones, incrementa la opacidad en los procesos, abre canales que fomentan la corrupción y crea ventanas de oportunidad e incentivos para el comportamiento ilícito, tanto de los funcionarios públicos como de los proveedores.
