En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador llevada a cabo el 20 de enero, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en varias entidades del país coadyuvó a que el registro de víctimas de homicidio doloso disminuyera 4% en 2021, en comparación con 2019 y 3.6% en relación con 2020. No obstante, el incremento de otros delitos ligados a las actividades del crimen organizado, incluyendo narcomenudeo y extorsión, podría señalar que la ligera disminución en las tasas de homicidio doloso se debe en realidad a que los grupos delincuenciales se están asentando en ciertos territorios, reduciendo la violencia homicida generada por conflictos entre organizaciones criminales por el control de diferentes regiones del país.
#ColumnaInvitada | Disminuye el homicidio doloso, ¿a costa de qué?
Si bien es cierto que desde 2018 la tasa de homicidios dolosos se ha mantenido constante (con 29 víctimas por cada 100,000 de acuerdo con datos del Inegi), de forma que al menos se puede señalar que se limitó el incremento de homicidios, la estrategia implementada por el gobierno federal ha fallado en atender los delitos de extorsión y narcomenudeo.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021 se iniciaron 82,270 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo. Ello representa un aumento de 40.42% en comparación con 2018, y 17.07% con 2019. Por otro lado, las carpetas de investigación por delito de extorsión aumentaron 31.33% en comparación con 2018 y 1.06% en relación con 2019. Si a este aumento se le agrega el hecho de que, de acuerdo con el Inegi, la extorsión es el delito con la mayor cifra negra, se debe considerar como muy probable que la incidencia de este delito sea muy superior a lo revelado por las cifras oficiales.
Organizaciones como The Global Initiative Against Transnational Crime han documentado cómo los grupos criminales utilizan mecanismos de extorsión para poder financiar otras actividades criminales. Es por ello que no sorprende que aquellos estados en los que, entre 2018 y 2021, se observó un mayor incremento en el registro de extorsiones, como Guanajuato (2138.46%), Michoacán (1933.33%), Sonora (700.00%), Morelos (529.17%) y Tlaxcala (300.00%), cuenten también con un aumento de 174.36%, 12.05%, 331.66%, 4.22%, 73.83% en la incidencia de delitos de narcomenudeo.
Se cuestiona la efectividad que la estrategia federal de seguridad ha tenido porque las cifras presentadas por el Secretariado apuntan que, en 22 de los 50 municipios en los que el gobierno federal anunció la implementación de una estrategia integral para reducir los índices de violencia homicida se ha registrado un aumento en la tasa de dichas agresiones.
Aunado a ello, se podría argumentar que el aumento de los delitos de extorsión y narcomenudeo, a pesar de que se esté “controlando el incremento de homicidios dolosos”, se debe a que la estrategia de seguridad implementada no busca reducir el control que las asociaciones criminales tienen y continúan ganando en varias regiones del país. Además, a la falta de este objetivo se suma el hecho de que desde el inicio de esta administración se ha ignorado a las agencias de seguridad pública de los municipios (e incluso se les ha limitado el apoyo económico proveniente de la federación), lo que ha implicado que sea más fácil que el crimen organizado desmantele o se infiltre en dichas corporaciones; o que las corporaciones municipales sean incapaces de desarticular bandas criminales.
En conclusión, la prevalencia de otros delitos ligados a las actividades del crimen organizado revela que continúa sin existir ningún esfuerzo por combatir el crecimiento y asentamiento de grupos criminales en el país, los cuales podrían generar menor violencia homicida una vez que obtengan el control de los territorios deseados. Por el momento, la falta de capacidades locales y la inexistencia de una estrategia para combatir la extorsión apuntan que la incidencia de dicho delito podría continuar al alza durante el siguiente año (o lo que queda del sexenio).
Destaca, además, que las implicaciones del aumento de casos de extorsión no se limitan a un efecto similar en otros delitos, este tipo de actividades criminales pueden tener un alto impacto en la vida del ciudadano promedio cuando afectan a pequeñas o medianas empresas, o a sectores productivos. En efecto, agricultores de Michoacán han denunciado que el aumento al precio del limón se debe a que los cárteles que operan en la zona explotan a los productores mediante extorsiones. Casos como este podrían volverse más comunes si el gobierno federal continúa ignorando los vínculos que existen en la incidencia de diferentes delitos y la presencia del crimen organizado en ciertas regiones del país. En pocas palabras, de mantenerse la actual estrategia de seguridad pública, podemos esperar resultados poco halagüeños en lo que queda del sexenio.
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Notas del editor:
Jazmin Vega (@JazzVegaC) es consultora especializada en temas de seguridad pública en @integralia_Mx.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
