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#ColumnaInvitada | Desplazados en México, sufrimiento que necesita respuestas

Las comunidades de las que salen las personas que sufren desplazamientos enfrentan problemas estructurales como marginación, pobreza, violencia y cambio climático.
dom 16 enero 2022 05:05 AM
Desplazamiento forzado
La autora señala que se necesita concretar una ley que atienda a las personas desplazadas.

Cada campaña electoral, escuchamos discursos y propuestas sobre la migración, algunos que buscan convencer a los connacionales que radican principalmente en Estados Unidos, otros que mencionan propuestas sobre cómo atender la migración que llega a México, y qué decir de las voces en el país vecino al norte, donde cada elección pone a los migrantes al centro del debate en el que generalmente son menospreciados.

Sin embargo, poco se menciona sobre la problemática que sufren las personas antes de tomar la decisión de abandonar su país. Las comunidades de origen enfrentan problemas estructurales como la marginación y la pobreza, pero cada día se vuelve más frecuente el abandono de pueblos enteros por distintas causas, entre las que destacan la violencia y el cambio climático.

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De acuerdo con el Banco Mundial, “el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos”. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indica que en 2021 el número de personas forzosamente desplazadas en el mundo excedía los 84 millones, de los cuales 48 millones permanecían como desplazados dentro de sus países.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) estimó, en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2018, que 1 millón 133,041 personas cambiaron de domicilio para protegerse de la delincuencia entre 2017 y 2018. La misma organización señala que, entre enero y octubre de 2021, al menos 36,682 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, cifra que es 390% mayor a la que se reportó para el mismo periodo de 2020. Por su parte, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) calcula que hasta diciembre de 2019 alrededor de 345,000 personas habían sido desplazadas internamente en México por conflictos y violencia.

Este no es un problema nuevo en nuestro país, pero sí uno que crece de manera preocupante. Existen registros de desplazamiento forzado en Chiapas motivados por conflictos religiosos desde los 90, otros más por violencia como sucedió en Ciudad Juárez, pero ahora parecemos acostumbrarnos a ver pueblos que comienzan a abandonarse en Michoacán, Guerrero y otros estados, grupos de personas que se mueven a las ciudades huyendo de las amenazas de los grupos criminales, familias enteras que dejan todo para poder conservar su vida.

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México no cuenta con una legislación para las personas desplazadas. La Cámara de Diputados aprobó en septiembre de 2020 el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que fue turnada al Senado de la República y aún no se ha dictaminado.

Mientras no se tenga una legislación adecuada, seguirá sin reconocerse plenamente una realidad dolorosa y creciente en nuestro país (de la que ni siquiera existe un registro), tampoco se asignarán los presupuestos para atender el problema ni se exigirán resultados a las autoridades de todos los niveles de gobierno.

Las personas desplazadas viven en permanente vulnerabilidad, tanto por los retos económicos que implica esa decisión como por las constantes amenazas de las que escapan. Es indispensable que el Estado les brinde la protección necesaria y urgente, no pueden seguir esperando.

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Nota del editor: La autora ha sido diputada federal, fue presidenta de la Unión Interparlamentaria.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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