Como se puede advertir, Peña promovió la reforma energética al inicio de su mandato aprovechando el bono de su elección en 2012 y la vigencia del recién conformado Pacto por México. Una sólida alianza con el PAN le permitió al Ejecutivo conseguir las mayorías necesarias para aprobar su reforma en 24 congresos locales en menos de 10 días. Si bien es cierto que el gobierno hizo todo porque la reforma se aprobara en fast track, sin un debate a profundidad, también lo es que la oposición tuvo 4 meses para poner el tema en el centro de la discusión, difundirlo en medios y socializarlo entre la población, sin que así lo haya hecho.
A diferencia de la reforma de Peña, la propuesta del presidente López Obrador ha sido presentada a mitad de su mandato (octubre de 2021). Si bien la práctica sugiere que los presidentes deben usar su capital electoral e introducir sus proyectos más relevantes al inicio de su mandato, el caso de AMLO es distinto. El actual presidente aún goza de un alto respaldo alto a su gestión además de no haber sufrido una derrota considerable, a nivel federal, en la pasada elección intermedia.
Al igual que con la reforma de EPN, la discusión de la actual reforma eléctrica se verá interrumpida en los tiempos legislativos por la aprobación del presupuesto y lo más probable es que se termine votando en diciembre (como ocurrió en 2013). Una diferencia con respecto de 2013 es que la oposición hoy está contenida en un bloque de tres partidos que compitieron juntos en la elección de 2021 (PAN-PRI-PRD, como Va por México).
Así, el primer desafío para AMLO será persuadir a más de 50 diputados y 10 senadores de esa oposición supuestamente unida. El segundo reto estará en los congresos locales donde Juntos Hacemos Historia tiene mayoría calificada en 4; en 11 legislaturas estatales, por su parte, JHH solo reúne la mitad más uno de los legisladores; mientras que es segunda fuerza en asambleas. Esto sugiere que podría haber una intensa negociación al menos en 10 congresos locales.
Pero la diferencia más importante entre ambas reformas es el riesgo implicito para cada presidente. Si la reforma de Peña hubiera sido derrotada en el congreso, o si no hubiera reunido el apoyo suficiente, eso habría significado el fin adelantado del Pacto por México. Pero en el caso de AMLO todos los escenarios son favorables para el presidente. Si su reforma es aprobada sin cambios, demostrará la capacidad de Morena para conseguir votos en la oposición, haciendo evidente la debilidad de Va por México. Si se aprueba con modificaciones, Morena quedará como el partido mayoritario que supo negociar una reforma cómoda para distintos intereses. Y si fuera rechazada, la iniciativa ya surtió su efecto, ante la indecisión del PRI de rechazarla, de que el bloque opositor no es tan unificado y disciplinado como muchos esperaban.
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Nota: Sergio A. Barcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buro Parlamentario.
Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.
Twitter: @BuroParlamento
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