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ColumnaInvitada | Dos oportunidades para los diputados de oposición

Si la oposición pretende, en verdad, desempeñar un papel más decisivo en esta legislatura, debe centrarse en dos aspectos: fiscalización del gasto público y control político.
mar 07 septiembre 2021 10:30 AM
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Los diputados al inicio de la sesión de instalación.

El pasado 1 de septiembre, dio inicio la 65 Legislatura con una nueva conformación para la Cámara de Diputados y con nuevas oportunidades para que los grupos parlamentarios de oposición desempeñen un papel de contrapeso más relevante para la vida pública del país. Entre ellas, valorar los diferentes posicionamientos en el debate parlamentario (función deliberativa); participar activamente en la creación de legislación (función legislativa); vigilar las acciones del gobierno (control político); incidir en el diseño y la aprobación del gasto público (función presupuestaria), y fiscalizar las finanzas públicas (función de fiscalización), entre otras. Nos centraremos en dos aspectos:

Fiscalización del gasto público y control político.

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1. Fiscalización del gasto público. Primero, entre los asuntos más apremiantes para las y los diputados entrantes, está el rescate de la función de fiscalización. Esto, luego de tres años de manejos de los recursos públicos por parte del gobierno federal sin apenas vigilancia del Poder Legislativo. La fiscalización representa una de las principales herramientas con las que cuenta la Cámara baja para vigilar la correcta asignación, ejercicio y comprobación de los recursos presupuestarios, y para frenar y mitigar los –todavía comunes– actos de corrupción, pese a que el discurso presidencial asevere lo contrario.

Dada su trascendencia para la verificación del gasto público, la nueva legislatura tendría que apoyar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, que el Ejecutivo Federal ha buscado desacreditar. Esto último se evidenció a inicios de 2021 con la presentación del Informe de la Cuenta Pública 2019, particularmente, a raíz de las correcciones que la ASF se vio obligada a realizar por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco. Las críticas presidenciales únicamente se centraron en este aspecto, ignorando el resto del Informe. El 31 de octubre, la Cámara de Diputados deberá concluir la revisión de la Cuenta Pública 2019: podrá aprobarla o rechazarla.

Es previsible que AMLO y Morena continúen desacreditando a la ASF y minimizando sus observaciones para debilitar al órgano fiscalizador. La oposición debe hacer lo posible por evitarlo.

Los diputados cuentan con una comisión de Vigilancia de la ASF que, entre otros aspectos, coordina las relaciones entre la Cámara baja y la Auditoría, y evalúa el desempeño de esta última. Tradicionalmente, la presidencia de esta comisión recae en un diputado de oposición, lo que la convierte en un espacio inmejorable para servir de contrapeso y para exigir al Ejecutivo una mejor rendición de cuentas sobre el gasto público. Para esto, las bancadas podrían proponer perfiles con experiencia parlamentaria y asegurarse de que su área técnica (Unidad de Evaluación y Control) tenga integrantes con conocimiento en la materia, de manera que acompañen, respalden e impulsen las labores de la ASF y que den mayor visibilidad y realce a sus informes y recomendaciones.

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2. Control político. Segundo, podrían explotar un recurso en desuso: las comisiones de investigación. Éstas se encuentran previstas en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional desde 1977; se concibieron como un instrumento para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal mayoritaria. Se han creado 21 comisiones de este tipo (1997 a 2016), las cuales sirvieron, sobre todo, en los años de hegemonía priista para que la oposición (especialmente el PAN) actuara como contrapeso.

Estas comisiones se integran, en la Cámara de Diputados, a pedido de una cuarta parte de sus miembros (125). Promoverlas en estos días es posible porque la oposición suma 222 votos, aunque cabría esperar cierta negativa de Morena y aliados para impedir su creación.

La Constitución faculta a los legisladores federales a requerir información o documentación a titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal. Las preguntas deben ser respondidas en no más de 15 días. Los resultados de las investigaciones se hacen del conocimiento público y del Ejecutivo Federal, quedando en manos de éste cualquier acción posterior.

Esta facultad legislativa es relevante pues constituye un mecanismo para el control del Poder Ejecutivo. Su principal efecto es político (no jurídico). La amenaza de que una minoría parlamentaria pueda investigar, en cualquier momento, a la administración pública descentralizada debiera exigir del gobierno y de la mayoría parlamentaria que le apoya precaución y atención, así como un autocontrol permanente respecto a sus propias actividades.

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Éstas son sólo dos ventanas de oportunidad que tiene ante sí la oposición si en verdad pretende desempeñar un papel más decisivo en esta legislatura. Elegimos centrarnos en estas dos, pues consideramos que se trata de facultades desaprovechadas. No descartamos, sin embargo, otras oportunidades para marcar la diferencia: la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el Paquete Económico 2022, la disputa por las comisiones más importantes y el anuncio de una reforma constitucional antes de que termine el mes. Éstas podrían ser, quizá, materia de futuro análisis en este espacio. En breve: hay elementos para un mejor desempeño, aunque esto dependerá, en última instancia, de los legisladores mismos. Ya veremos de qué está hecha la oposición.

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Notas del editor:

Paulina Creuheras (@paucreuheras2) y Juan Manuel Ureiro (@ManuelUreiro), especialistas en temas jurídicos y legislativos de Integralia Consultores.

Las opiniones reflejadas en este texto con responsabilidad exclusiva de los autores.

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