Mientras la agenda pública se vuelca esta semana sobre la nueva reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, el Covid-19 y sus estragos continúan. No deja de ser inquietante cómo ha dejado de ser noticia, qué exitosos han sido López Obrador y sus propagandistas para cambiar de tema, cómo la sociedad mexicana parece haber normalizado no solo la adversidad de la pandemia sino, sobre todo, la incompetencia de las autoridades para gestionarla. Es como si una espesa sombra de fatiga, aturdimiento o fatalidad se hubiera apoderado del alma nacional, como si ya no pudiéramos o no supiéramos o no quisiéramos protestar contra el mal gobierno. Donde hace apenas unos años parecían abundar la indignación y la exigencia ciudadanas, hoy imperan la indiferencia y la resignación colectivas.
Una catástrofe sin costos
El contraste entre lo que registran las encuestas y lo que advierten los especialistas es trágico. Por un lado, la mayoría de la población está de acuerdo con la forma en que el presidente ha manejado la emergencia del coronavirus. Según el tracking poll de Mitofsky , salvo durante los primeros cuatro meses de la pandemia, su porcentaje de aprobación en ese rubro siempre ha estado por encima del 50%. Y apenas la semana pasada alcanzó su nivel más alto: 61%.
Por el otro lado, según un minucioso estudio recién publicado en The Lancet , “si América Latina es un epicentro de la pandemia, Brasil y México son los epicentros de ese epicentro. La evolución de los contagios y las muertes en ambos países sugiere que permanecerán entre los más afectados a nivel mundial en el futuro previsible. El fracaso del liderazgo y de la rectoría del sistema de salud que acompañaron al recuento de cientos de miles de muertes evitables son un ejemplo de cómo no manejar futuras pandemias”. ¿Por qué?
Entre otras razones, porque ni Bolsonaro ni López Obrador asumieron la necesidad de poner el ejemplo; porque no adoptaron políticas basadas en evidencia; porque renunciaron a encabezar una estrategia intersectorial coordinada; porque buscaron “echarle la bolita” a los gobiernos de los estados para no hacerse cargo de su responsabilidad nacional; en fin, porque su prioridad no fue cuidar la salud de la población sino lucrar políticamente con la crisis. El impacto social de esa decisión, concluye el estudio, “fue severo sobre todo en comunidades urbanas de alta densidad y bajos ingresos, donde la pobreza y la informalidad impidieron que la gente dejara de ir a trabajar”.
En suma, López Obrador presidió una de las peores respuestas a la emergencia sanitaria en todo el mundo, pero el impacto de ese hecho sobre su popularidad ha sido básicamente cero. (No así con Bolsonaro, cuyos niveles de aprobación cayeron de manera significativa durante los primeros cinco meses de la pandemia, de poco más de 40 hasta llegar a apenas 20- 25%, donde se han mantenido más o menos desde entonces).
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En el contexto de la polarización permanente y del golpeteo político cotidiano, de la batalla por la agenda y la percepción, quizá sea una buena noticia para el presidente y sus adeptos, que siguen siendo mayoría. Sin embargo, pensando en un horizonte más vasto, en una temporalidad menos restringida por el vértigo de la coyuntura, es una muy mala señal. Si una sociedad opta por no sancionar a sus dirigentes cuando se equivocan, por no cobrarles un costo cuando sus decisiones provocan muertes prevenibles, la democracia hace corto circuito. Porque sin capacidad de asignar responsabilidades no hay, no puede haber, rendición de cuentas. Y los gobernantes, en consecuencia, no tienen ningún motivo para corregir.
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