Sin embargo, en los últimos meses y días hemos visto una violación constante a los derechos humanos de las y los migrantes que entran por nuestra frontera sur, ya que el intento para contener a miles de migrantes ha sido en vano, las acciones emprendidas no han impedido que muchos vayan hacia la frontera con Estados Unidos. Más de 2,000 migrantes – entre salvadoreños, hondureños, cubanos, y ahora en su mayoría haitianos – continúan varados en Tapachula, Chiapas, en campamentos improvisados, y a diario realizan largas filas y aglomeraciones para solicitar refugio y/o transitar por el país.
Cansados de haber esperado hasta un año en territorio mexicano alguna respuesta del Gobierno mexicano respecto a sus trámites migratorios y solicitudes de refugio, el sábado 21 de agosto, salieron cerca de 400 migrantes desde Tapachula con destino a la frontera norte, sin embargo, efectivos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) irrumpieron la caravana para contenerlos y frenar su avance. Muchos se quejaron de haber sido objeto de un trato denigrante por parte de funcionarios mexicanos, otros han llegado a la frontera norte, en su mayoría haitianos, y están durmiendo, comiendo y bañándose debajo el puente fronterizo que conecta Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río, al oeste de Texas, habiendo pasado por una serie de extorsiones, robos, secuestros, etc., y ahora sufriendo también un trato brutal por parte de las autoridades estadounidenses, que planean continuar con las deportaciones, sin duda una grave crisis para nuestros hermanos centroamericanos.
A 10 años de una de las reformas más avanzadas, referente a Derechos Humanos en el mundo, la mexicana, paralelo a una visión humanista, es que hoy debe trabajarse en un nuevo proyecto de política migratoria que implique un cambio de paradigma dado que la migración, con destino en México, es una realidad y las cifras reflejan una creciente necesidad de actualizar mecanismos para que las personas migrantes, que ya son parte del panorama nacional, puedan vivir y desarrollarse en paz, justicia y libertad. Es cierto que el control y la seguridad son indispensables, pero también lo es defender los derechos humanos de todas y todos.
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Nota del editor: la autora es titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Instituciones de la ASF.
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