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#ColumnaInvitada | El peor delito en México es ser enemigo del Fiscal Gertz

La procuración de justicia está en riesgo de seguir a merced de las amistades y enemistades del actual fiscal Alejandro Gertz Manero, señala Adriana Greaves y Estefania Medina.
mar 28 septiembre 2021 12:06 AM
Gertz Ma
Alejandro Gertz Manero rindió un informe sobre sus primeros 100 días de trabajo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ovidio Guzmán fue detenido y liberado; Emilio Lozoya está descansando en su casa; Emilio Zabadúa sigue libre, pero la Fiscalía está persiguiendo a científicos. La oscuridad en la Fiscalía General de la República se hace cada vez más palpable y cada vez más parecida a las inquisiciones de la Edad Media. Y no es que en administraciones anteriores dicha institución fuera el hito de la investigación penal de nuestro país, pero en en estos días ha perdido el menor decoro de dedicarse a perseguir a los enemigos del fiscal en lugar de investigar y resolver los casos más relevantes de nuestra nación.

Como ejemplo de esto, en las últimas semanas hemos sido testigos del seguimiento periodístico que se ha dado en torno a las repetidas negativas que la FGR ha recibido respecto de las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos e investigadores por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Órdenes que han sido negadas por falta de elementos probatorios.

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Y como sabemos que la Fiscalía es muy perseverante –al menos cuando se trata de enemigos del fiscal– no se rindió y pidió por segunda ocasión se girarán estas órdenes de aprehensión. Más allá de las cuestiones que involucran el caso en concreto, que en su caso puedan ser analizadas por un juez, lo cierto es que hoy más que nunca nuestra procuración de justicia está en riesgo, en riesgo de seguir a merced de las amistades y enemistades de un fiscal que, además de carecer de los conocimientos mínimos del sistema de justicia penal vigente en nuestro país, además es un notorio detractor de un sistema democrático.

Llama la atención que la hoy controvertida investigación penal venga después de que esa misma asociación había denunciado al Conacyt por un recorte de recursos justamente a este Foro. El recorte fue argumentado con base en que supuestamente dicha asociación no había estado haciendo sus tareas de investigación. Para sorpresa de muchos, esta denuncia justamente legitima al Foro, ya que –derivada de ella– en una sentencia dictada por la Suprema Corte MI/SS/D/9941/2021 se confirmó la legalidad de que el Comité hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt (el 17 de febrero de 2020) y por tanto confirmó que no había existido un desvío en los recursos públicos.

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Pese a esta sentencia, lo que más preocupa de esta situación es el supuesto caso de que estas órdenes de aprehensión se ejecutarán y se aperture una investigación por delincuencia organizada, pues esto traería un precedente muy peligroso para todos los comités, juntas, comisiones y asociaciones civiles formadas por ciudadanos y órganos de gobiernos, ya que implicaría que toda organización con fines legales, aún prevista en la Ley, puede materializar el supuesto de “organización” delictiva.

Esto no es un ¡sálvese quien pueda!, para todos los que trabajamos en asociaciones u organizaciones desde la ciudadanía, sino un ¡es ahora o nunca!, para ser y continuar siendo una trinchera de contrapesos real al gobierno.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de las autoras.

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