El 25 de agosto se publicó el “Acuerdo por el que se instruyen a las instituciones que en el mismo se indican, a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Este acuerdo pretende liberar a personas encarceladas con diez años o más, privadas de la libertad sin recibir sentencia por delitos no graves del fuero federal; adultos mayores de 75 años privados de la libertad por delitos no graves del fuero federal; adultos mayores de 65 años que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, privados de la libertad por delitos no graves del fuero federal, y personas privadas de la libertad en prisiones federales, de cualquier edad y por cualquier delito, que hayan sufrido tortura conforme al Protocolo de Estambul.