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#ColumnaInvitada | Amnistía: dudas y retos

Las mujeres encarceladas injustamente deberían ser las primeras en la lista otorgarles una amnistía, sin embargo, ni el decreto ni Ley de Amnistía, que ya cumplió un año, tienen resultados palpables.
mié 01 septiembre 2021 06:30 AM
ley de amnistía
Las mujeres son doble o triplemente victimizadas en prisión.

El 25 de agosto se publicó el “Acuerdo por el que se instruyen a las instituciones que en el mismo se indican, a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Este acuerdo pretende liberar a personas encarceladas con diez años o más, privadas de la libertad sin recibir sentencia por delitos no graves del fuero federal; adultos mayores de 75 años privados de la libertad por delitos no graves del fuero federal; adultos mayores de 65 años que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, privados de la libertad por delitos no graves del fuero federal, y personas privadas de la libertad en prisiones federales, de cualquier edad y por cualquier delito, que hayan sufrido tortura conforme al Protocolo de Estambul.

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A decir de las especialistas, esas propuestas, de alguna u otra forma ya están establecidas en diversos instrumentos jurídicos como la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal, el Código Penal Federal y en la misma Constitución Mexicana.

Me quiero enfocar en las mujeres en prisión porque estas sufren, además de la pérdida de la libertad, un abandono social y familiar, y en muchos casos, llegan a prisión por delitos que no cometieron. Aunado a ello, como he reiterado hace años, diversos estudios revelan que muchas de estas mujeres sufrieron de tortura u otros malos tratos, entre ellos, algún tipo de abuso, acoso, violencia sexual, o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a mano de policías municipales, estatales o federales o de miembros del ejército y la marina.

Estando adentro son invisibilizadas y victimizadas, ya que las prisiones fueron diseñadas y construidas por y para hombres, esto las coloca en un entorno hostil y a ello se suman, los actos de violencia a los que están sujetas como la tortura, humillaciones, agresiones de carácter sexual, desnudez forzada y otros malos tratos. Un reciente testimonio, de una reclusa del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla en el oriente de la CDMX , señala que cuando la detuvieron sufrió violencia física, por lo que tiene varias lesiones y el diagnóstico de esguince cervical grado 2 y lumbalgia en tratamiento, debido a esto, y para darle seguimiento médico, fue referida al radiólogo, que le pidió se dirigiera a un cuarto contiguo para que se despojara de su ropa, dejándose solamente sus pantaletas, y que se pusiera una bata que ahí estaba para ella. Apenas salió fue agredida sexualmente.

Estas mujeres deberían ser las primeras en la lista otorgarles una amnistía, sin embargo, ni el decreto ni Ley de Amnistía, que ya cumplió un año, existen resultados palpables.

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En teoría, esta Ley representa una oportunidad de corregir muchos casos que debieron ser ya resueltos, sin embargo, de 1,560 casos al 11 de agosto del presente año, únicamente 568 han sido admitidos, 747 se encuentran aún en revisión y sólo hay 35 casos determinados como procedentes para el análisis. El proceso de solicitud y dictaminación de la Amnistía, según el Observatorio de Amnistías, se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro.

Tras la aprobación de la ley se instaló la Comisión de Amnistía que emitió el procedimiento para la recepción y trámite de solicitudes a través de los Lineamientos para el procedimiento de atención. Hasta hoy, la comisión sólo ha sesionado 4 veces y el pasado 16 de agosto envió al Congreso de la Unión el “Informe Anual sobre solicitudes de Amnistía” que, además de tener 4 meses de retraso muestra los pobres resultados en su implementación.

El principal reto hoy es que la Comisión de Amnistía logre coordinarse con las demás instituciones involucradas para ser más ágiles y claros con las solicitudes de este tema, capacitando al personal responsable de la revisión y análisis, así como de la elaboración de los proyectos de resolución, específicamente en temas relacionados con derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación.

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Nota del editor: la autora es titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Instituciones de la ASF.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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