Desde esa lógica, los congresos locales, cuanto más cercanos se encuentran al objeto de su representatividad, deben construir una agenda pública para promover la deliberación sobre las fortalezas y debilidades de las instituciones, sus estrategias y políticas relacionadas con el combate a la corrupción y la impunidad a largo plazo y, partiendo desde la perspectiva local, legislar en favor de las razones que dicha deliberación parlamentaria genere, en buena medida, en diálogo con la sociedad civil.
La transparencia y el acceso a la información, por supuesto, son componentes fundamentales para inhibir la corrupción y combatir la impunidad, pero no basta si las acciones del Estado en su conjunto no obedecen a objetivos comunes y se recupera la perspectiva social de las instituciones y las leyes que las rigen, particularmente desde la perspectiva de un problema que permea a todos los sectores de la sociedad, bien de manera directa, bien indirecta, pero cuyo costo se eleva por encima de todas las personas de manera eminentemente negativa.
Tanto desde la perspectiva de lo local como la federal, renovadas las legislaturas, debe buscarse que esa agenda recupere la confianza y la participación de la sociedad y las instituciones, como eje fundamental, abonando a la transparencia y la apertura informativa, pero también reforzando y adecuando el marco normativo que sirve de instrumento para combatir ambos fenómenos de manera más efectiva.
Con los instrumentos legales adecuados y una sociedad cada vez más activa y participativa en el combate a la corrupción, la confianza en las instituciones puede ser restablecida y, finalmente, a través del esfuerzo de todos, erradicar la corrupción de las instancias públicas.
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Nota del editor:
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
