#ColumnaInvitada | Consulta popular: ganadores y perdedores

Ahora bien, la consulta popular del domingo pasado ofrece varios ángulos por reflexionar. Fuera del beneficio abstracto de ampliar el abanico de participación ciudadana, hay ciertas prácticas que, lejos de mejorar la calidad democrática de un país, tienden a socavarla. Algo conocido como “cesarismo plebiscitario”: una estrategia engañabobos, muy utilizada por gobernantes populistas que recurren a ella para darle engañosa legitimidad y respaldo a decisiones partidistas y sectarias previamente asumidas.

De ahí que sorprendiera tanto que, en su momento, la Suprema Corte —la institución que, a mi juicio, queda con el peor saldo tras el bochornoso resultado del ejercicio del domingo pasado— avalara la constitucionalidad de la pregunta y, en un intento por hacerla “neutra” y con opciones de respuesta binaria (sí o no), terminara por redactar un engendro que casi nadie entendió y que exudaba irrelevancia (incluso tal vez hasta frivolidad).

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En esa lógica, además, estuvieron conviviendo, en el espacio público y mediático, dos consultas, en realidad: la de la inentendible pregunta avalada por la Suprema Corte y la de la focalización de los promotores originarios de la consulta, quienes querían reducir el resultado a enjuiciar a todos los expresidentes vivos, con la muy llamativa excepción de Luis Echeverría, vaya curiosidad.

Ante ese mar de abstracciones, confusiones y manipulaciones, resultaba lógico que la ciudanía viera con desinterés la cita con las urnas del 1 de agosto. También queda, por supuesto, en el saldo negativo el desperdicio de más de 500 millones de pesos en la celebración de una consulta con un beneficio público tan pobre o directamente nulo. En una época de austeridad presupuestal y crisis pandémica, esos recursos bien se podrían haber invertido en la infinidad de carencias sociales que hay en el país. Círculo vicioso de paradojas: se plantea una consulta intrascendente –pero no se le asigna presupuesto suficiente– el electorado, con su ausencia, confirma que la consulta era intrascendente –y justamente por ello lo (relativamente poco) que se gastó termina por ser claramente un desperdicio.

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Perfectamente confirmatorias de tal intrascendencia y de tal ejercicio fueron las palabras del mismísimo Presidente de la República, al señalar que de cualquier forma las autoridades pueden proceder en contra de cualquier ex funcionario público si encuentran evidencias o indicios de la comisión de delitos. ¡Vaya, haberlo dicho 500 millones de pesos antes!

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Nota del editor: Horacio Vives Segl es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina). Síguelo en Twitter . Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

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