#ColumnaInvitada | ¿Reforma fiscal en el contexto actual?

En 2021, los requerimientos de gasto siguen en aumento, en parte por factores estructurales (pensiones, servicio de la deuda, etc.), pero principalmente por la expansión de algunos programas sociales —como la pensión universal para adultos mayores—, la construcción de las obras insignia —como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas— y la atención de la pandemia. Si bien en el presente año parte de dichas presiones podrían compensarse con ingresos petroleros no previstos, la realidad es que las fuentes de ingresos de los próximos años lucen frágiles. Ante esta vulnerabilidad, se ha especulado sobre la posibilidad de que el gobierno federal promueva una reforma fiscal en el siguiente periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

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En 2019, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en México se situó en 16.5%. Fue una de las tasas más bajas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina. Para ponerlo en contexto, la cifra mexicana representa 6.5 puntos porcentuales menos que el promedio de América Latina y el Caribe, y 17.3 puntos porcentuales menos que el promedio de la OCDE. Asimismo, cabe destacar que las brechas tributarias más significativas se observan en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en comparación con América Latina, y en el ámbito de la seguridad social, en relación con la OCDE.

El bajo nivel de recaudación de México se debe a un fenómeno multidimensional. Una posible razón tiene que ver con los largos años que el país dependió fuertemente de la renta petrolera y la herencia política que esto dejó: por ejemplo, la poca recaudación de estados y municipios. Otra razón tiene que ver con nuestro bajo nivel de crecimiento estructural y los elevados niveles de informalidad, factores que impiden elevar la recaudación de manera consistente. Otra razón tiene que ver con la evasión y la elusión. Finalmente, otro motivo se relaciona con las exenciones y deducciones fiscales que existen hoy en nuestro marco fiscal.

El Presupuesto de Gastos Fiscales, documento que publica anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para estimar lo que se deja de recaudar como de resultado de los estímulos e incentivos fiscales, muestra que los mayores huecos en nuestro país se encuentran en la tasa cero del IVA y en las exenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) de personas físicas.

La necesidad de impulsar una reforma fiscal sería algo lógico para un gobierno que enfrenta fuertes presiones de gasto por la promesa de elevar el gasto social y concluir con grandes proyectos de infraestructura, que cuenta con una relativa escasez de ingresos y que, al mismo tiempo, cuenta con la legitimidad y la fuerza en el Congreso para impulsarla.

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No obstante, a pesar de menciones esporádicas de funcionarios y legisladores en el sentido de que se estaría planeando una reforma fiscal de gran calado, la realidad es que el presidente López Obrador luce poco entusiasmado con la idea de una reforma de “gran alcance” (entre 3 y 4% del PIB, monto similar al de la reforma fiscal del 2013). Esto podría explicarse por tres razones principales:

1) El presidente no parece dispuesto a romper su promesa de no elevar impuestos, pues considera que su sexenio podrá salir adelante con algo más de recaudación, pero sin necesidad de asumir el costo político de una gran reforma que más bien beneficiaría a su sucesor o sucesora.

2) El presidente ve en una reforma fiscal un potencial daño político a las aspiraciones de que su partido retenga la presidencia en 2024.

3) El presidente entiende que una reforma fiscal de gran alcance dañaría —aún más— su relación con el sector empresarial y la clase media, en el contexto de un proceso de muy incipiente recuperación económica.

Por lo anterior, luce poco probable que se impulse una gran reforma fiscal próximamente. Dicho esto, el Paquete Económico 2022 probablemente contendrá alguna o algunas de las siguientes opciones que parecen ser políticamente aceptables para el presidente y que podrían ser fácilmente impulsadas en el Congreso o por el nuevo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O: i) incrementar los impuestos especiales a productos como el tabaco, el alcohol y bebidas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, como botanas y dulces, los cuales han sido señalados como responsables del número elevado de decesos por la pandemia; ii) cambiar tasa cero por exenta; iii) limitar las exenciones y deducciones al ISR de personas físicas y de personas morales, y iv) mayores impuestos para plataformas tecnológicas.

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Notas del editor:

La autora es parte del equipo de Integralia Consultores ( @Integralia_MX ): Daniela Salgado es consultor senior.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.