Para las elecciones de diputaciones federales, los partidos políticos y sus candidatos presentaron 541 juicios de inconformidad, que implica el cuestionamiento de los resultados en 287 de los 300 distritos electorales federales. Estos juicios deberán ser resueltos, en primera instancia, por alguna de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los partidos Encuentro Solidario y Fuerza por México son los que más impugnaciones presentaron, su objetivo no es ganar alguna elección, sino tratar de conseguir el porcentaje de votación suficiente para mantener el registro como partidos políticos nacionales.
En 2018, el partido Encuentro Social casi logra a través de las impugnaciones conservar su registro, incluso se conoció un proyecto de sentencia en el que se señalaba que sí debía mantener su registro, al final el Tribunal resolvió confirmar la pérdida de registro como partido político. En 2015, el Partido del Trabajo sí logró mantener su registro como partido político nacional a partir de las impugnaciones que presentó y gracias a la anulación de la elección en el distrito electoral federal 01 de Aguascalientes, este resulto ser un pésimo precedente de la justicia electoral, esperamos no se repita.
A nivel gubernaturas los partidos políticos impugnaron las elecciones en Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. En las demandas se hacen valer irregularidades como rebase de topes de gastos de campaña, violencia política de género, uso de recursos públicos e intervención del presidente de la República en la elección, principalmente.
De todas estas impugnaciones me parece que la de Campeche amerita una mención aparte. Quienes impugnaron los resultados y solicitan la nulidad de la elección son el PRI y MC, entre las irregularidades que hacen valer, además de las ya mencionadas, están: uso boletas electorales falsas; en la elección a la gubernatura votaron casi 107 mil personas más que en las elecciones a diputados locales y ayuntamientos, y denuncian el llamado turismo electoral.
