#ColumnaInvitada | La “Estafa Maestra”: más maestra que nunca

Así, en un país funcional las conductas personales deben desarrollarse en un marco de libertades en el que cada cual conoce las reglas y donde haya certeza de la aplicación irrestricta de castigos hacia quienes rompen las reglas. Pero dicha certeza o confianza requiere evidencias: como son las investigaciones criminales impecables que desemboquen en sentencias condenatorias firmes hacia quienes quebrantan la ley. Pero esto solo sucede cuando hay eficacia en la labor de procuración de justicia, hay un rumbo del camino a seguir y especialmente cuando las investigaciones no se rigen por el tráfico de influencias, acuerdos y sentencias comprados y cuando hay un sistema donde impere la transparencia en la gestión pública. Pues cuando el Estado de Derecho se manipula, impera la impunidad.

Sin duda la impunidad es el origen de la inseguridad jurídica, y a su vez, también se transforma en la consecuencia de un Estado de derecho fallido, llegando a un punto de cinismo donde la impunidad misma se disfraza de supuesta legalidad, como en el caso de Emilio Zebadua –el exoficial mayor de Sedatu, quien está implicado en el caso de La Estafa Maestra–. En su momento denunciamos a diversos funcionarios implicados en el caso de La Estafa Maestra por los delitos de cohecho y ejercicio abusivo de funciones por otorgar contratos de manera indebida a empresas privadas y recibir algún beneficio económico a cambio de omitir la supervisión del cumplimiento de los contratos destinados a programas sociales.

Sin embargo, pese que Emilio Zebadúa está involucrado en esta investigación y existen indicios de que muy probablemente se vio beneficiado y participó activamente en un rol central en una red criminal con el objetivo desviar recursos públicos, actualmente busca no solo negociar una exoneración con la FGR a través de un “criterio de oportunidad”, sino que, además, promovió un amparo en donde reclama la omisión del ministerio público de cerrar su caso por estar prescrito. Es decir, que exige se cierre su caso debido a que ha pasado tanto tiempo que la autoridad, “en su opinión” ya no podría perseguirlo ni exigirle cuentas por ese delito.

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Desde nuestra óptica y contrario a lo que señala Zebadúa, esa investigación no puede cerrarse por prescripción debido a que los hechos por los que esta investigado dan para llevarlo a juicio por una multiplicidad delitos que sumados –de acuerdo a las leyes penales– no darían lugar a la prescripción. No obstante, lo más preocupante de todo este caso es que estos debates surgen debido a la ineptitud, la ineficacia y, muy posiblemente, la corrupción con la que los funcionarios de la Fiscalía General desarrollan su labor.

Desde nuestra óptica y contrario a lo que señala Zebadúa, esa investigación no puede cerrarse por prescripción debido a que los hechos por los que esta investigado dan para llevarlo a juicio por una multiplicidad delitos que sumados –de acuerdo a las leyes penales– no darían lugar a la prescripción. No obstante, lo más preocupante de todo este caso es que estos debates surgen debido a la ineptitud, la ineficacia y, muy posiblemente, la corrupción con la que los funcionarios de la Fiscalía General desarrollan su labor.

La evidencia demuestra que no existen esfuerzos en ningún caso de gran corrupción por llegar esclarecimiento de los hechos, ni por sancionar, ni por reparar el daño a las víctimas (quienes por cierto somos todos los miembros de esta sociedad). No hay evidencia de que la Fiscalía pretenda investigar y desmantelar las redes criminales en donde participaron no solo exfuncionarios públicos sino también empresas y particulares, quienes actualmente continúan sin ser investigados.

Las historias recientes de impunidad en casos de corrupción, como La Estafa Maestra, muestran que los intereses particulares o de grupos políticos han logrado, con bastante éxito, torcer la ley en su provecho y que las plusvalías en juego son de tal magnitud que permiten sobornar a políticos, funcionarios para protegerlos. Sin duda, la impunidad es rentable. Y este evidente abandono de la ley ha alentado la proliferación de la macro criminalidad.

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Por ello es que la jugada implementada para robar a los mexicanos en La Estafa Maestra demuestra cada vez más su perfección, pues no solo se preocuparon por generar un modelo mágico para la desaparición de dinero público, sin que nadie se diera cuenta, sino que siempre supieron que incluso siendo descubiertos, el velo de impunidad que los protege seguiría vigente, se trate del Fiscal que se trate o del gobierno que se trate. Desde luego, siempre contando con jueces débiles cuando se trata de perseguir la corrupción, pero fuertes cuando se trata de cerrarle las puertas a la sociedad que lucha por cambiar esta regla de impunidad. Pero los ciudadanos somos perseverantes y no daremos ni un paso atrás hasta que la justicia sea la regla.
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Nota del editor:

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