De acuerdo con los estudios de Nicholas Ambraseys, profesor emérito de ingeniería en el Imperial College London, el 82% de las muertes por colapso de estructuras debido a sismos suceden en países “anormalmente corruptos”. Sus estudios, que pueden ser leídos en la famosa revista científica Nature, son contundentes: “cuando la industria de la construcción no está adecuadamente regulada”, dice el experto, “es una potencial asesina”.
Además, sabemos que cada año se gastaban tan solo 120 millones de pesos en revisar la Línea 12 del Metro. Una cantidad ínfimamente inferior a la requerida. Y que según ha informado Fernando Espino, líder sindical del Metro, los directivos solo revisaban las vías, no la estructura civil de la obra. De acuerdo con Jorge Gabiño, exdirector del Metro, hasta hace apenas unos días no había sido nombrado un subdirector general de mantenimiento que se encarga de la revisión de la infraestructura. Y por si lo anterior fuera poco, los vecinos ya habían reportado que el Metro se estaba desnivelando a la altura donde se cayó. Y nada pasó.
La pregunta es cuántas muertes prevenibles más habrá por sismos como el de 2017 o sus secuelas. Y sobre todo, cuántas más de estas tragedias quedarán impunes o servirán simplemente para sacrificar a funcionaros de nivel medio que terminan pagando por las irresponsabilidad de sus jefes.
Nos equivocamos si pensamos que este es un problema solo de los políticos. Los beneficios de una obra construida para ahorrar llegan también a las más altas esferas de las constructoras. Cuántos mexicanos más tendrán que morir para alimentar las ganancias obscenas de una industria de la construcción regulada en favor de las ganancias de políticos y millonarios. Las empresas de Carlos Slim, el hombre más rico de México construyeron parte la Línea 12 del Metro ¿Cuántos millones se ganó a costa de la vida de 24 mexicanos?